El Plan de Choque (2020-2023) de Atención a la Dependencia aprobado por el Gobierno de España tras la pandemia ha servido para que la Junta de Castilla y León reduzca su aportación al modelo ante el incremento de fondos del Ejecutivo central. De esta forma, el gasto total certificado el pasado año en la Comunidad fue de 816,7 millones, de los que 516,1 millones (63,2 por ciento) correspondieron a fondos de la Junta y el resto, 300,6 millones (36,8 por ciento), a transferencias del Estado. Esto supone que Castilla y León ha reducido un 6,3 por ciento su aportación al sistema de dependencia, pero el Estado todavía sigue lejos de hacerse cargo del 50% que marca la Ley. Un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales publicado ayer revela que la Junta disminuyó su gasto en atención a personas dependientes en 34,7 millones el pasado año, al igual que Galicia, que aminoró su aportación en un 2,1 por ciento (6,4 millones de euros menos), o Aragón, donde la rebaja fue del 2,1 por ciento (3,2 millones).
«No podemos compartir que hacemos caja con la dependencia», aseguró por su parte la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que salió al paso de los datos del informe. Para la responsable autonómica, lo que el estudio pone de manifiesto es el déficit que el Gobierno central arrastra con Castilla y León, dado que aunque la ley de Dependencia establece una financiación a partes iguales entre ambas administraciones, la Junta asume el 63 por ciento del gasto total y el Gobierno solo el 37 por ciento. La consejera también resaltó que la Junta lleva mucho tiempo haciendo esfuerzos en Castilla y León para mejorar la dependencia, a la vez que resaltó que la Comunidad, según la Asociación Estatal de Directores, es la tercera que realiza una mayor inversión por habitante y la sexta por dependiente, «por lo que no podemos compartir que hacemos caja con la dependencia».
El informe también señala que Castilla y León es la cuarta comunidad que de su propio presupuesto menos destina a la Dependencia, con un 63,2%, solo por detrás de Andalucía (62,3%), Galicia (59,3 por ciento) y La Rioja (59 por ciento), mientras que la media se sitúa en el 71,4 por ciento. En este sentido, Isabel Blanco indicó que en 2022 la Comunidad realizó un esfuerzo de 502 millones de recursos propios para Dependencia, cantidad que el pasado año se incrementó en 14 millones, mientras que el Gobierno pone 300 millones, cuando debería llegar a los 500. «Vamos a seguir reclamando una financiación justa para Castilla y León con la que poder seguir prestando una atención a la Dependencia de calidad como la que se presta ahora».
En el año que cumple la mayoría de edad la Ley de Dependencia, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales denuncia en el informe el incumplimiento de las administraciones públicas que han convertido derechos subjetivos en «derechos efímeros y de papel». En este sentido, se recuerda que se trata de una política de interés de la ciudadanía, «ya que en un importante porcentaje forma parte del ciclo natural de la vida, y muchas personas acabaremos estando en situación de dependencia». Además, recordó que, a fecha de hoy, 292.792 personas están en las listas de espera y que cada 15 minutos fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley. Y que, desgraciadamente, a las 40.447 personas que fallecieron el pasado año, los presupuestos no les llegaron a tiempo.
La tercera en inversión por dependiente
El informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales también analiza la inversión en Dependencia por habitante. Castilla y León ocupa la tercera plaza con 342,6 euros, solo por detrás de País Vasco (428,5 euros) y Extremadura (378,3 euros). La media nacional es de 240,5 euros y las comunidades que ocupan los últimos lugares son Aragón (217,5 euros), Galicia (190,7 euros), Murcia (188,3 euros) y Canarias (138,2 euros).
Además, en el estudio se denuncia que se mantiene una acusada «desigualdad territorial», siendo las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año País Vasco (2.848 euros), Extremadura (2.599 euros) y Navarra (2.413 euros), mientras a la cola continúan Murcia (1.504 euros) Canarias (1.248 euros) y Galicia (1.073 euros). Castilla y León, con 1.967 euros, se sitúa en sexta posición y por encima de la media (1.815 euros).