La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, salió hoy al paso de los datos del informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en el que se asegura que Castilla y León redujo la aportación de fondos propios en atención a la dependencia, desde que el Gobierno ha incrementado los fondos en 2020. Según la consejera, lo que el estudio pone de manifiesto es el déficit que el Gobierno central arrastra con Castilla y León, dado que aunque la ley de Dependencia establece una financiación a partes iguales entre ambas administraciones, la Junta asume el 63 por ciento del gasto total y el Gobierno solo el 37 por ciento.
La consejera también resaltó que la Junta lleva mucho tiempo haciendo esfuerzos en Castilla y León para mejorar la dependencia, a la vez que resaltó que la Comunidad, según la Asociación Estatal de Directores, es la tercera que realiza una mayor inversión por habitante y la sexta por dependiente, "por lo que no podemos compartir que hacemos caja con la dependencia".
Al mismo tiempo, indicó que en 2022 la Comunidad realizó un esfuerzo de 502 millones de euros de recursos propios para Dependencia, cantidad que el pasado año se incrementó en 14 millones, mientras que el Gobierno pone 300 millones, cuando debería llegar a los 500. "Vamos a seguir reclamando una financiación justa para Castilla y León con la que poder seguir prestando una atención a la Dependencia de calidad como la que se presta ahora", afirmó.
Por último, Blanco puso en valor que Castilla y León no tiene lista de espera en Dependencia y es líder en prestación de servicios, como este mismo informe ha resaltado en otras ocasiones.
El informe
Castilla y León ha sido la comunidad que más ha reducido su aportación a la Dependencia desde el año 2020, cuando el Gobierno puso en marcha un plan de choque con el que incrementó los fondos que transfiere en esta materia a las autonomías en un 138 por ciento. Así, entre 2020 y 2023, la Junta redujo su aportación un 6,3 por ciento, al igual que Galicia, que aminoró su aportación en un 2,1 por ciento, o Aragón, donde la rebaja fue del 2,1 por ciento.
En este periodo, según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales al que ha tenido acceso Ical, la Junta disminuyó su gasto en atención a personas dependientes en 34,7 millones. De esta manera, Castilla y León es la cuarta comunidad que de su propio presupuesto menos destina a la Dependencia, con un 63,2 por ciento, solo por detrás de Andalucía (62,3 por ciento), Galicia (59,3 por ciento) y La Rioja (59 por ciento), mientras que la media se sitúa en el 71,4 por ciento. Por su parte, el mayor porcentaje lo presentan País Vasco (83,9 por ciento), Navarra (80,8 por ciento) y Extremadura (78,2 por ciento).
En el año 2023 la inversión pública en atención a la Dependencia fue de 11.522 millones de euros, de los que 8.230 correspondieron a las comunidades y el resto, 3.292 millones al Gobierno central. En el caso de Castilla y León, el gasto total certificado fue de 816,7 millones, de los que 516,1 millones (63,2 por ciento) correspondieron a fondos autonómicos y el resto, 300,6 millones (36,8 por ciento) a transferencias del Estado.
Además, en el informe se denuncia que se mantiene una acusada desigualdad territorial, siendo las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año País Vasco (2.848 euros), Extremadura (2.599 euros) y Navarra (2.413 euros), mientras a la cola continúan Murcia (1.504 euros) Canarias (1.248 euros) y Galicia (1.073 euros). Castilla y León, con 1.967 euros, se sitúa en sexta posición y por encima de la media autonómica (1.815 euros).
No obstante, analizando la inversión en Dependencia por habitante, Castilla y León ocupa la tercera plaza con 342,6 euros, solo por detrás de País Vasco (428,5 euros) y Extremadura (378,3 euros). La media nacional es de 240,5 euros y las comunidades que ocupan los últimos lugares son Aragón (217,5 euros), Galicia (190,7 euros), Murcia (188,3 euros) y Canarias (138,2 euros).
En el año que cumple la mayoría de edad la Ley de Dependencia, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales denuncia el incumplimiento de las administraciones públicas que han convertido derechos subjetivos en "derechos efímeros y de papel". En este sentido, se recuerda que se trata de una política de interés de la ciudadanía, "ya que en un importante porcentaje forma parte del ciclo natural de la vida, y muchas personas acabaremos estando en situación de dependencia".
Por último, recuerda que, a fecha de hoy, 292.792 personas están en las listas de espera y que cada 15 minutos fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley. Y que, desgraciadamente, a las 40.447 personas que fallecieron el pasado año, los presupuestos no les llegaron a tiempo.