Las comidas preparadas y las cocinas centrales se encuentran en el principal punto de mira de los muestreos y los incumplimientos que desarrollan los controles oficiales de productos alimenticios en Castilla y León por parte de la administración. Así, este sector protagoniza casi seis de cada diez infracciones en establecimientos alimentarios, es decir, el 58,7 por ciento, con 6.275 de un total de 10.684 efectuadas en 2023. Le siguen los establecimientos polivalentes, con el 17,9 por ciento y 1.909 incumplimientos; la carne y derivados, con el 9,6 y 1.030 casos; y los cereales y derivados, con el 6,4 y 679.
Tal y como marca el informe, al que tuvo acceso Ical, en línea con el cambio de criterio establecido durante 2012, se han contabilizado como incumplimientos todas las desviaciones detectadas por los inspectores respecto a lo exigido por la legislación. Dependiendo de la gravedad de estos, los servicios oficiales de salud pública adoptan medidas que van desde la propuesta de cierre hasta la corrección de la deficiencia detectada en un plazo o la planificación de una nueva visita de seguimiento, pasando por la limitación o suspensión de la activid o la inclusión en la red de alerta.
De todos los incumplimientos, el 61 por ciento corresponden a los de carácter operacional, determinados por la actividad del operador económico, mientras que el 23 por ciento afectan a la estructura física del establecimiento; y el 16 por ciento, están ligados al etiquetado del producto.
Los servicios oficiales de salud pública, en el caso de observar algún incumplimiento y en función de la gravedad y del posible riesgo para la salud pública, proponen o adoptan medidas preventivas o cautelares y requerimientos, con el fin de garantizar que el operador subsane estos problemas.
Sanciones.
Sin embargo, cuando se considera pertinente, los inspectores proponen la apertura de un expediente sancionador. Así, el año pasado se impusieron 324 sanciones, entre las que destacan precisamente las de sectores de comidas preparadas y cocinas centrales (37,3 por ciento, con 121), seguido de los establecimientos polivalentes (35,2 por ciento y 114) y los de carne y derivados. Entre los tres suman el 86,4 por ciento de las sanciones.
Muestreo de alimentos.
La toma de muestra es planificada desde el servicio de Seguridad Alimentaria atendiendo prioritariamente a criterios de riesgo. Para 2023 se programaron y analizaron 1.556 muestras, de las que el 2,3 por ciento fueron no conformes a la legislación.
Casi la mitad de las muestras, el 48,2 por ciento (750), se tomaron en los sectores de carne y derivados; seguido de vegetales y derivados, con un 11,5 por ciento (179), de cereales y derivados, con un 10,1 por ciento (157) y de lácteos, con un 9,2 por ciento (143). Estos cuatro acaparan ocho de cada diez muestras.
En cuanto al resultado de las no conformes, se han detectado en el sector de carne y derivados principalmente, con 29 de las 36, el 80,6 por ciento respecto del total.
Aleatorio y sospechoso.
En Castilla y León se han tomado un 4.466 muestras dentro del subprograma de muestreo aleatorio y 118 en el de sospechosos. Por provincias, el mayor número se han tomado en Salamanca (23,4%, con 1.043 efectuadas), seguida de León, Burgos y Segovia, con porcentajes que oscilan entre el 16 y 17 por ciento. Las provincias con menor número de muestras recogidas son Palencia y Soria (con el 1,6 y 1,1 por ciento).
Con respecto a las del programa de sospechosos, se han tomado en cuatro de las nueve provincias (mayoritariamente en Valladolid y Ávila, con 72 y 40 muestras, respectivamente).
Cuando se detecta una muestra positiva en matadero, la explotación de origen del animal se comunica a la red de alerta y los animales sacrificados se someten durante seis o doce meses a un refuerzo de los controles analíticos.