Sin sorpresas ni cambios de guion de última hora, la Junta de Castilla y León aprobó en el último Consejo de Gobierno del año la prórroga presupuestaria ante la imposibilidad de sacar adelante el anteproyecto de Ley de las cuentas de 2025 tras perder la mayoría parlamentaria y no haber alcanzado un acuerdo con los grupos que permita al Ejecutivo autonómico subir el texto a las Cortes con la garantía de que saldrá adelante. «Tranquilidad total» a partir del 1 de enero en el funcionamiento de los servicios públicos de la Comunidad, garantizó el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que aseguró que con el techo de gasto aprobado y esta prórroga, se da «estabilidad y certidumbre» en las decisiones que puedan adoptar los agentes económicos y sociales.
Cerca ya de convertirse en una 'tradición navideña' más, el último Consejo de Gobierno dio luz verde a la quinta prórroga presupuestaria de Castilla y León en los últimos seis años, y se suma así a las de los años 2019, 2020, 2022, y 2024. Se trata, eso sí, de la segunda vez que la Junta se ve forzada a extender las cuentas de un año pese a tener aprobado el techo de gasto, tal y como pasó con las de 2022 ante la ruptura del Ejecutivo PP-Ciudadanos.
Una prórroga que el consejero de Economía detalló que se sustenta sobre los datos 'macro' incluidos en el techo de gasto que sí aprobaron las Cortes de Castilla y León –con un objetivo de déficit del 0,1% del PIB– y que, reiteró, no mermará ni afectará a la calidad de los servicios públicos que presta el Ejecutivo autonómico.
También negó el consejero que esta prórroga vaya a impactar en el devenir de las consejerías, ya que, pese a tener las cuentas de 2024, tienen una «hoja de ruta clara» en base al anteproyecto de ley de 2025 donde se recogen los «principales objetivos» de cada área.
«Lo que hacemos es continuar con el presupuesto vigente pero incrementándolo con las transferencias finalistas, los fondos europeos y el aumento de recursos modelo de financiación que se nos ha comunicado», resumió Fernández Carriedo, que explicó que en la práctica supone dar continuidad al funcionamiento de la administración autonómico, con sus empleados públicos y servicios a los ciudadanos, como garantizar y mantener la calidad de la sanidad, educación y servicios sociales.
«Podemos transmitir estabilidad y certidumbre en el funcionamiento de la administración, y confianza en que vamos a seguir ofreciendo los mejores servicios públicos», dijo antes de reconocer que desde la Junta siguen con la «mano tendida» y sin cerrarse a un acuerdo con los grupos que permita aprobar el presupuesto de 2025. «No nos planteamos un escenario de cierre a partir del que no pueda haber contacto», aseguró el portavoz, aunque deslizó que apenas ha habido avances tras los primeros contactos de la tercera ronda con los grupos parlamentarios que anunció la pasada semana.