La mayoría del Consejo Fiscal, con el impulso de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, ha reclamado este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que renuncie a su cargo tras la decisión del Tribunal Supremo de abrirle una causa por presunta revelación de secretos.

El fiscal general del Estado ha convocado este jueves tanto a la Junta de Fiscales de Sala como al Consejo Fiscal para explicarles sus motivos para no dimitir y escuchar sus posturas, después de que el Supremo le haya abierto una investigación por posible revelación de secretos en relación a la causa por presunto fraude fiscal de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz ha recibido esta mañana el apoyo mayoritario de la Junta de Fiscales de Sala (cúpula de la carrera), si bien cerca de la mitad de los fiscales que han intervenido le han reclamado su dimisión. Pero por la tarde, sí que ha tenido una mayor contestación.

En el Consejo (órgano asesor del ministerio público), que ha durado dos horas y se ha desarrollado en un tono afable y cordial según fuentes fiscales, los seis vocales pertenecientes a la Asociación de Fiscales (AF) y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han insistido en que García Ortiz debe dimitir para preservar la imagen e imparcialidad de la institución.

Era lo previsible, después de que el miércoles ya solicitasen su dimisión tras conocer la decisión del Supremo debido al daño reputacional que ocasiona a la carrera y ante la inédita situación que generará que un fiscal, subordinado de García Ortiz, se haga cargo de la investigación a su máximo superior jerárquico.

Los vocales de la Asociación de Fiscales han trasladado al fiscal general que "la decisión de continuar en el cargo pone en entredicho la credibilidad de la actuación de todos los miembros de la carrera, mucho más allá del marco de este proceso, por efecto de los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación".

"Y nos resulta absolutamente inasumible el impacto que produce dentro y fuera de nuestras fronteras la imagen de un Ministerio Fiscal dirigido por un fiscal general del Estado imputado por el Tribunal Supremo" porque "no puede haber una consecuencia más gravosa para el Ministerio Fiscal que sostener el progresivo deterioro de la institución, de la que pretende seguir ostentando la jefatura superior y representación pese a su condición de investigado".

En su opinión, según recoge un comunicado, "el perjuicio que se deriva para la institución al mantener este escenario" con su imputación y García Ortiz al frente del Ministerio Público "supera con creces cualquier afectación producida por su conclusión".

Así las cosas, estos seis vocales le han pedido que "reconsidere su decisión de mantenerse en el cargo" y "por el bien de la institución presente su dimisión".

Por su parte, los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que García Ortiz fue portavoz, y los dos vocales natos aparte de él -la jefa de la Inspección Fiscal y la teniente fiscal del Supremo- han apoyado la decisión del fiscal general.

Santiago Mena y Yolanda Ortiz, de la UPF, han mostrado su apoyo al fiscal general porque su dimisión "sería un acto de irresponsabilidad que contribuiría al debilitamiento de los cimientos de esta institución", han señalado en un comunicado.

"No podemos estar a merced de cualquiera que quiera denunciarnos con el fin de apartarnos de nuestra función", ya que "querer desbancarlo a él por un motivo tan espurio es querer desbancarnos al resto".

Eso sí, ambos han mostrado su "profunda tristeza por la falta de cohesión interna en esta cuestión" porque "el primer cometido de un jefe es defender a sus subordinados cuando han actuado sin tacha, y esto fue lo que ocurrió", ya que al fiscal que estaba en punto de mira "lo respaldaron con tal firmeza que hoy está libre de toda investigación".