En 2017, Hacienda encargó a una comisión de expertos la elaboración de un informe. El objetivo, revisar el modelo de financiación autonómica que se aprobó en 2009 y debía actualizarse en 2014, ya que una de las variables básicas del sistema, la población ajustada, se realizaba en base a datos demasiado antiguos. La dispersión geográfica, la densidad demográfica o los servicios sociales a ofertar, no son iguales en los diversos territorios. Este dato, es y será, de los de más difícil consenso, pues va más allá de la adscripción política. Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia o Asturias desean que se prime el envejecimiento o la dispersión. Mientras, regiones densamente pobladas como Madrid o Andalucía el número de habitantes. 
Estamos en 2024 y salvo parches, el SFA está claramente desfasado (no caducado ojo). El texto fue muy crítico con el actual sistema y sobrevive durmiente en algún cajón sin que se haya llevado a cabo una sola de sus recomendaciones. Cierto es que vino la pandemia y trastocó todos los planes. Pero ahora, mientras bulle el pacto PSC-ERC, no es mal momento para rescatarlo y que sirva de primer modelo para abordar de una vez el hecho de que haya una financiación autonómica que, más allá de los fuegos de artificio y las hipérboles del enfrentamiento partidario, tenga como base el coste efectivo de los servicios, y por tanto sea real el principio constitucional de suficiencia financiera.
El documento, de 160 páginas, elaborado por un comité integrado por 21 expertos nombrados por el ministerio y las comunidades, entró a fondo. Realizó un amplio ejercicio de conclusiones y propuestas. Abundó en las especialidades territoriales, lo que ahora se llama singularidad. Y sobre todo desgranó el concepto de la infrafinanciación, basado más en un mal reparto y en una mala gestión de las autonomías (en los 10 últimos años han aumentado sus plantillas en 600.000 trabajadores, casi el 50 por ciento), que una escasez de financiación.
Según los especialistas, el SFA es complicado y poco transparente. Su financiación por habitante ajustado es desigual y no responde a un criterio claro. Tiene un déficit de responsabilidad fiscal, no valora bien la autonomía de ingreso. Falta un marco institucional que dote de suficiente poder de decisión individual y colegiado de las comunidades. No existe un mecanismo para asegurar el reparto vertical. No hay sistemas de estabilización para las épocas de crisis. Tiene carencias de normativa para regular los impuestos y tributos cedidos, los cálculos de su recaudación o las entregas a cuenta. Y así así mucho más. 
Más que una reforma, habría que crear un nuevo sistema. En él debe primar el coste efectivo de los servicios y sus necesidades de inversión. Pues la solidaridad constitucional es algo a lo que creo no desee renunciar la izquierda, ni la derecha.