El calificativo lo utilizó un antiguo dirigente del PSOE, anterior a Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, en una reunión privada. Se hablaba de la situación política general, muy centrada en la amnistía, Begoña Gómez, los cinco días de reflexión del presidente, y las boutades de algunos miembros destacados del sanchismo faltos de argumentos con los que defender a su líder. En el fragor de la discusión, en la que se notaba decepción, preocupación y tristeza por los últimos acontecimientos, ese antiguo dirigente, cuyo nombre no recoge esta periodista por tratarse de un encuentro privado, precisó: «Sánchez ha convertido al PSOE en un partido profundamente antipático».
Los asistentes le dieron la razón. Los españoles tienen motivos sobrados para no entender al PSOE como un grupo político fiable tras los indultos, la amnistía, los ERE, o el caso Begoña, que afecta de pleno al presidente. Y eso que no se conocía aún la decisión del Constitucional de anular los fallos de los encausados por el caso de los ERE, la mayoría dirigentes del Gabinete socialista andaluz. Fueron condenados por la Audiencia de Sevilla en sentencia ratificada por el Tribunal Supremo. Ante la decisión del TC, multitud de profesionales del Derecho consideran que este órgano encontró la manera de interpretar la ley de manera que servía en bandeja a Ferraz lo que buscaba, una amnistía encubierta de los condenados por corrupción.
Pero aún quedaba más por tragar. Por ejemplo, las declaraciones de Manuel Chaves, expresidente andaluz, del PSOE y exministro de Trabajo de Felipe González, uno de los 19 altos cargos del Ejecutivo regional condenados por el Supremo por el caso que se ha considerado como el de «mayor corrupción que se ha vivido en el ámbito político», en el que se estafaron 680 millones de fondos públicos.
Chaves, por prevaricación continuada, fue condenado a nueve años de inhabilitación, mientras que su sucesor en la Presidencia, José Griñán, a seis de cárcel y 15 de inhabilitación por malversación.
El primero, tras conocer la decisión del Constitucional, en la que recogía que los dos expresidentes no habían tenido responsabilidad en el caso de los ERE, porque se limitaron a aceptar decisiones presupuestarias aprobadas en el organismo competente, declaró que habían sido víctimas de «una gran operación política y mediática montada por el PP», añadiendo que «la losa política ha desaparecido. Siempre nos hemos sentido orgullosos de nuestra gestión». El andaluz anunció su intención de solicitar nuevamente el carnet de PSOE, que le fue retirado por su grupo cuando se conocieron los graves términos de su condena.
En aquel momento, nadie de su entonces partido, y que volverá a serlo, denunció ningún tipo de operación política contra el expresidente de los andaluces y líder federal del partido. Pero los encausados en la trama se han visto ahora favorecidos por la necesidad de Sánchez de imponer su criterio ante decisiones judiciales que perturbaban su carrera. De rebote, ha afectado positivamente a estos condenados por el mayor juicio por corrupción de la democracia española.
Todos los pasos dados por el inquilino de La Moncloa a lo largo de los últimos años se han centrado en intentar manipular la Justicia de manera que borrara las biografías delictivas de los dirigentes de los partidos que le dieron el apoyo parlamentario indispensable para continuar en el poder -Junts, ERC y miembros de formaciones independentistas que crearon los CDR y Tsunami Democratic-, más las maniobras para salvar a su mujer y a su hermano David de las investigaciones judiciales.
Esa interferencia en el Poder Judicial, contraria al Estado de Derecho, ha dado pie a que miembros destacados del sanchismo se consideraran no solo con derecho a atacar sentencias judiciales sino que han ido aún más lejos al denunciar interferencias políticas en decisiones de jueces y fiscales. Se ha desencadenado una especie de carrera entre los dirigentes cercanos a Pedro Sánchez para ver quién demostraba más adhesión inquebrantable al líder denunciando todas aquellas decisiones de la Justicia que perjudicaban a su líder, tanto en lo político como en lo personal. Singularmente, en las relacionadas con los negocios de su mujer.
El látigo del Gobierno
El ministro de Transportes, Óscar Puente, látigo del Gobierno contra la oposición por su agresividad verbal y su falta de pudor para utilizar un lenguaje impropio del debate político, en el que se acepta la dureza pero incomoda la falta de educación, no ha dudado en dar opinión sobre la situación que vive el Ejecutivo y su formación, por la forma en la que la Justicia investiga a la primera dama y por las críticas al Constitucional por anular las condenas de los ERE.
Puente, que ejerció como abogado antes de ser elegido alcalde de Valladolid, ha calificado de «inconcebible» el proceso contra Begoña Gómez, y asegura que se está haciendo una revisión a su vida con mirada retrospectiva, y que no había conocido un caso igual durante sus años como profesional de la abogacía. Y lo ha resumido en dos frases con las que consideraba que daba credibilidad a sus palabras, cuando se trataba de una versión tan esquematizada que se convertía en una falsedad: «Una institución -la Complutense- a la que el juez acude para pedirle un informe, emite un documento en el que señala que no encuentran nada que permite decir que ha habido irregularidades, pero dice al togado que, si acaso, usted investigue». No es cierto que no haya nada, porque la Complutense ha apuntado que veía en su actuación «apropiación indebida» de un producto de software que la mujer del presidente registró como propio y comercializó y, además, la universidad ha dado cuenta de facturas por gastos de representación que ella no ha justificado a pesar de que se le habían pedido que especificara los conceptos.
No es una víctima
La esposa de Sánchez cuenta con un buen abogado, el exministro Antonio Camacho, que como es su deber, ha utilizado todos los resortes para que su clienta salga limpia de las investigaciones judiciales. Pero una gran parte de los españoles tienen un concepto poco amable de la mujer presidencial. No hay semana en la que no aparezcan dos o tres noticias sobre nuevas iniciativas que no se compadecen con la imagen de cónyuge que intenta tener una cierta actividad profesional al margen de las responsabilidades políticas de su marido pero que, desgraciadamente, no se mueve bien en los vericuetos legales.
Al contrario, la imagen que transmite Begoña Gómez es la de una persona que ha utilizado la influencia de su situación convocando reuniones de trabajo con sus jefes en la propia Moncloa, alguna de ellas con asistencia del presidente. Una mujer que hace negocio a través del máster que se buscó ella misma, convocando al rector de la Complutense; una esposa que no ha dudado en firmar cartas de recomendación al Ejecutivo de posibles patrocinadores de su máster, y que hace uso de fondos públicos para gastos sin justificar, porque la UCM es una universidad pública.
Descrédito
Con todos esos elementos sobre la mesa, desde el poder que ostenta su marido se pone en marcha una campaña de descrédito al juez Juan Carlos Peinado, se le exige que no llame a declarar como testigos a dos vicerrectores que conocen bien las circunstancias laborales de Gómez, se exige que su declaración no sea grabada en imagen, -entrar por el garaje no es tan relevante, aunque se exageran las medidas de seguridad- y además decide no declarar cuando se había anunciado que lo haría a preguntas del juez y de su abogado, aunque no de la Fiscalía ni la acusación particular.
El epílogo es difícil de prever, tal como maneja este Gobierno los asuntos judiciales que le afectan. Pero es indiscutible que tenía razón el exministro socialista que decía en privado que el PSOE se ha convertido en un partido antipático. Y tanto.