El Congreso aprobó este miércoles el dictamen del proyecto de Ley de prevención del desperdicio alimentario con «importantes mejoras» impulsadas por el Grupo Parlamentario Popular (GPP). Estas modificaciones «garantizarán que el sector agroalimentario no tenga que someterse a más burocracia ni a normativas contradictorias», según aseveró la diputada palentina por del PP, Milagros Marcos, quien defendió estas medidas en el pleno, señalando que su objetivo era «proteger a los agricultores y mejorar la eficiencia en toda la cadena alimentaria».
Una de las medidas aprobadas fue la aplicación de un IVA del 0% en los alimentos destinados a donación. Esta medida facilitará que los excedentes se puedan entregar a organizaciones benéficas sin la carga impositiva que dificultaba este proceso. «De este modo, se fomenta la solidaridad y se contribuye a reducir el desperdicio alimentario, ayudando a las familias más necesitadas y aprovechando los recursos de forma más eficiente», alegó Marcos.
Otra mejora destacada es la posibilidad de contratar dos tarifas energéticas distintas a lo largo del año. Esta flexibilidad responde a la naturaleza temporal de las cosechas, permitiendo que los agricultores no tengan que pagar la tarifa máxima durante todo el ejercicio. «De esta manera, se ajustan los costes energéticos a las necesidades reales del sector, lo que supuso un alivio económico significativo para los productores», detalló la parlamentaria palentina.
Asimismo, se aprobó la contratación de trabajadores temporales para garantizar la recogida de las cosechas y evitar pérdidas por falta de mano de obra. Esta medida es fundamental para evitar que los productos agrícolas se desperdicien simplemente por no poder ser recogidos a tiempo.
«normativas incoherentes». Los pequeños agricultores y las microempresas también se beneficiarán de cómo queda la ley, al excluirse de normativas incoherentes que podrían haber dificultado su labor diaria. Esta exención reconoce la realidad del sector agrícola, donde muchas explotaciones familiares no pueden asumir las mismas cargas administrativas que las grandes empresas. Proteger a estos pequeños productores es esencial para garantizar la sostenibilidad y viabilidad del medio rural, defendieron los populares.
La seguridad alimentaria en las donaciones es otro de los aspectos que se refuerza con esta ley por el PP, ya que se garantiza que los alimentos entregados a través de donaciones cumplan con todos los requisitos sanitarios necesarios. Además, el PP respalda las ayudas específicas para el olivar y el viñedo, cruciales para apoyar a dos sectores que forman parte fundamental de la economía rural y que, por su naturaleza, requieren políticas específicas para garantizar su sostenibilidad y competitividad.