Las Cortes de Castilla y León cierran el 30 de junio el segundo periodo ordinario de sesiones, que coincide con el ecuador de la legislatura. Han despejado la tramitación de los proyectos de ley remitidos por la Junta, cuyo contador está ahora a cero. Sin embargo, a los procuradores les esperan a la vuelta del verano ocho proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios, entre ellas la de concordia, blindaje de los servicios esenciales y de derechos y garantías al final de la vida rescatada por el PSOE.

Según información recogida de la Agencia Ical, este periodo parlamentario termina pero sus 'señorías' tienen trabajo durante el mes de julio, declarado hábil. Primero, las comparecencias del vicepresidente y los consejeros para presentar el informe de gestión en la mitad de la legislatura, obligado por ley. Después, rematar la tramitación de algunas de las leyes, como la de blindaje de los servicios esenciales, presentada por el presidente de la Junta como una prioridad.

El primer semestre de 2024 ha sido el más fructífero de la legislatura en la aprobación de proyectos normativos. Modificación reguladora de la ley del juego y apuestas, apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad, reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y patrimonio cultural ya están en el Bocyl. Se unen los proyectos de Presupuestos de la Comunidad para 2024 y la ley de medidas tributarias, financieras y administrativas o ley de acompañamiento.

Ninguna de estas leyes recogieron el «sí» de los grupos de la oposición y salieron adelante con la mayoría absoluta que suman PP y Vox. Es por ello que el Grupo Socialista evidencia que «el radicalismo» de 'los populares' en su pacto con «la extrema derecha» les deja solos ante posibles alianzas con otros partidos.

Por el contrario, el grupo de Vox presume del número de leyes aprobadas en las Cortes de Castilla y León que antepone a lo que ocurre en el Congreso de los Diputados donde el Gobierno ha tenido que retirar alguno de sus proyectos por la falta de apoyo parlamentarios.

trabajo para septiembre. La actividad ordinaria se retomará en septiembre con siete proposiciones de ley en distintas fases de su tramitación. Los socios de PP y Vox han retrasado la toma en consideración de la ley de concordia de Castilla y León, que sustituirá al decreto de memoria histórica de 2018. Sobre ella pende la amenaza de un recurso de inconstitucionalidad avanzado por el Gobierno si se aprueba con su actual contenido.

El aun portavoz popular, Raúl de la Hoz, dejó abierta la puerta a posibles enmiendas, pero tras la última Junta de Portavoces tanto Carlos Menéndez (Vox) como Miguel Ángel García Nieto (PP) descartaron de forma tajante realizar modificaciones. «Es un texto firmado por los dos grupos, es constitucional y no tiene hasta el momento ninguna duda», argumentó el popular.

Firmada por el Grupo Popular está pendiente el debate de las enmiendas presentadas a la proposición de ley por la que se garantiza la prestación de los servicios autonómicos esenciales en la Comunidad de Castilla y León, conocida como de «blindaje» de los servicios públicos, una de las apuestas del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Precisamente, entre los asuntos para declarar hábil el mes de julio, está avanzar en la tramitación de este texto.

En fase de tramitación, se encuentran también las impulsadas de manera conjunta por PP y Vox de modificación de la Ley de creación del Servicio Público de Empleo; del Ruido de Castilla y León; de medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León.

Más avanzada la de reforma del Ecyl, ya que las Cortes la tomaron en consideración en el pleno del 22 de noviembre de 2023, aunque no se han dado más pasos, mientras que falta este trámite en las del Ruido y puestos de difícil cobertura, que ha sido la última presentada por los socios.

En la lista, están las proposiciones de ley de reforma de la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León a propuesta de Pablo Fernández (Podemos-IU-AV), cuyo objetivo es prohibir en esta norma las subvenciones a medios condenados con sentencia firme. Registradas por el Grupo Socialista figuran las proposiciones de ley de Agentes Medioambientales y de Bomberos y Bomberas Forestales de Castilla y León, ambas admitidas a trámite por la Mesa de las Cortes y pendiente de la conformidad de la Junta.

Otras dos se acaban de registrar al final de este periodo y deben ser admitidas a trámite por la Mesa. Se trata del conjunto de medidas contra la despoblación de Castilla y León, firmada por Soria Ya, y la de derechos y garantías en el proceso de las personas al final de la vida que ha rescatado el Grupo Socialista por «humanidad» y en contra del «boicot» de PP y Vox a su proponente, el ex de Ciudadanos Francisco Igea.

En este periodo, vio también la luz verde la presentada por PP y Vox relativa a sanidad animal, que define la figura de veterinario autorizado o habilitado, criticada por toda la oposición, mientras que no pasó el primer filtro la de Francisco Igea para modificar la ley del Estatuto de los Altos Cargos en el apartado de composición de la Comisión de Ética Pública.

Después de dos años en las Cortes, con cuatro prórrogas y presentadas las enmiendas, la proposición de ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida no llegó a pleno porque PP y Vox la tumbaron en la Comisión, sin tomar la palabra en ningún momento los 'populares' para argumentar las enmiendas, pues solo votaron en contra. Es por ello que el Grupo socialista ha decidido que esta ley tenga una segunda oportunidad.