Ayer mismo, una nueva reunión concluyó sin lograr un acuerdo tras cinco meses de conversaciones, pero ni esto ni la previsible falta de respaldo parlamentario de los socios que más chocan con el Ejecutivo en materia laboral como Junts y PNV, que yan han dado al traste otras iniciativas de Díaz, parecen frenar las premuras. Tampoco las advertencias de no pocos organismos independientes, como recientemente la OCDE y el Banco de España, que previenen de que una misma reducción de la jornada laboral puede ser quizá asumida por un determinado sector, porque su proceso productivo es lo suficientemente flexible para que no afecte negativamente a la productividad, pero no por otros donde reducir la jornada manteniendo el salario puede poner en peligro muchos puestos de trabajo. Hasta ahora han sido los convenios colectivos el instrumento que la representación de las empresas y de los trabajadores han usado con éxito para fijar horarios, mediante la negociación colectiva. Cualquiera que sea la decisión que se tome, es muy importante que esa flexibilidad por sector y por empresa se mantenga y para eso es imprescindible que lo que se apruebe sea con diálogo y consenso entre patronal y sindicatos. 

Hemos visto una reducción de la jornada laboral efectiva con carácter tendencial en todos los países desarrollados y, muy posiblemente, incluso sin ningún tipo de intervención pública, la seguiríamos viendo. Entonces, quizá la pregunta que habría que hacerse es por qué quieren imponerla y por qué con tantas prisas y sin llegar a acuerdos. Una medida tan intervencionista y que se intenta aprobar con fórceps solo puede explicarse como autobombo del escoramiento al máximo hacia la izquierda de quien prosigue su accidentado viaje a ninguna parte, con la permisividad de un presidente del Gobierno cobijado permanentemente en cortinas de humo sin preocuparse realmente por las consecuencias a largo plazo.