Que España haya tenido que acceder al arbitrio del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para buscar una salida pactada a la renovación del Consejo General del Poder Judicial es una derrota del sistema y del país. El primer encuentro, oficiado ayer, culminó con buenas palabras y una nueva fecha, el 12 de febrero, para buscar avances en los que a día de hoy es difícil creer. El PSOE sigue aferrado al argumento del bloqueo aplicado por el PP, una maniobra que efectivamente existe. Los populares, por contra, argumentan que dicho bloqueo obedece a que los socialistas no aceptan que sean los jueces, y no los políticos, los que elijan el Gobierno del Poder Judicial en España, una petición a todas luces coherente con la situación de un país cuyo Tribunal Constitucional acepta o tumba leyes cruciales dependiendo de la afiliación de su mayoría. Un despropósito.
La negativa del PSOE a un proceso de elección gremial radica, aunque hasta la fecha se haya dicho con la boca muy pequeña o con eufemismos de saldo, en la credibilidad que le da Ferraz al relato de que la carrera judicial está colonizada por el conservadurismo. En las últimas semanas, los socialistas han quedado desnudos ante la evidencia y se ha demostrado, en el discurso propio y, sobre todo, en el de sus socios, que, efectivamente, pone en duda la honorabilidad de los magistrados y la causalidad de sus decisiones. Sabe el PSOE que sí ha habido, hay y habrá jueces que se mueven por pulsiones políticas o personales. Lo sabe bien porque un exdiputado y magistrado de cabecera del partido, Baltasar Garzón, fue inhabilitado durante 11 años por ordenar la práctica de escuchas ilegales entre acusados y abogados de una causa que instruyó. Curiosamente, una causa contra el PP. La Gürtel.
Los desmanes de algunos magistrados de toda condición y adscripción política son un hecho histórico. De ahí a criminalizar a toda la carrera -el denominado lawfare que tanto gusta a los delincuentes y prófugos de la asonada secesionista- va un largo camino que el PSOE no evita recorrer, pues si bien calla o, en el mejor de los casos, responde de forma melíflua a gravísimas acusaciones vertidas desde la tribuna de oradores por todos sus socios, ya empieza a incluir en su discurso oficial alusiones a la actuación de los magistrados que instruyen causas contra políticos implicados en casos gravísimos, incluyendo los de terrorismo. A Esquerra, Junts, Sumar o Bildu le importa muy poco que España proyecte dentro y fuera una imagen ominosa de su democracia. O aún peor, les encanta que esto suceda. Que el PSOE lo esté bendiciendo de forma implícita -con sus pactos- o explícita -con sus discursos- es inaceptable. Y no le saldrá gratis.