Era cuestión de tiempo que el PSOE y Sumar se acercasen hasta casi tocarse y llegaran a un acuerdo, no solo de investidura, sino de legislatura. Dado que el protagonismo vienen copándolo desde antes aún de que el Rey encargara a Pedro Sánchez la formación de Gobierno, tras el fallido proceso de Núñez Feijóo, los independentistas catalanes más radicalizados, al exigir la amnistía para los presos del procés y, un punto más allá, un referéndum de autodeterminación, Yolanda Díaz y los partidos que conforman Sumar, dieron el salto a la palestra, se pusieron bravos y plantearon sus propias exigencias. Como, por su parte, ha hecho también Podemos, el socio del Ejecutivo en funciones. 

Había que escenificar las diferencias, a sabiendas de que en la ya larga carrera para conservar el poder, cualquier pequeño esprint es mediático. Y tras diversos tiras y aflojas, al final aseguran haber acercado posturas, sobre todo en materia laboral -las 37,5 horas semanales- y financiera -mantener el impuesto a las grandes fortunas- y venden juntos una posible coalición progresista. Cosas de la política, que solo quienes han estado presentes en las negociaciones saben hasta qué punto eran diferencias reales o un tanto impostadas. Y acrobacias en la cuerda floja que, como Yolanda Díaz, juega a hacer oposición y a marcar barreras con Pedro Sánchez, pese a ser una de sus vicepresidentas. No se debería intentar ser juez y parte porque la fórmula se puede volver en contra y confundir a la gente.

 Sea como fuere, el pacto con Sumar no le basta a Pedro Sánchez para garantizar su investidura. Siguen siendo ERC y sobre todo Junts quienes tienen en sus manos el que revalide la presidencia del Gobierno, aún a costa de ceder en unas pretensiones que, a todas luces, rompen la igualdad de todos los españoles ante la ley, con el agravante de que a lo sumo conseguiría ser investido, pero tendría que negociar, y es más que previsible, seguir firmando concesiones a la hora de aprobar las leyes y las soluciones a tantas cuestiones pendientes en el país. Además, la consulta a las bases de Junts arroja como resultado el bloqueo a la investidura. Así las cosas, el pacto no desvela la incertidumbre y sigue dejando sobre la mesa cuestiones que le importan a las minorías, como hablar en el Parlamento las tres lenguas cooficiales y que en la UE también se oigan catalán, euskera y gallego, amén de conseguir para unos los mayores beneficios y fondos posibles, a costa de la inmensa mayoría.

La contención de la inflación, la reducción del paro, la garantía de las pensiones, la educación en libertad, la sanidad bien dotada de medios y personal, la igualdad y el equilibrio entre comunidades y la seguridad en las fronteras y en las calles. Eso sí que importa.