El balance de 2023 que Pedro Sánchez realizó tras la celebración del último Consejo de Ministros del año abundó en anuncios relacionados con la extensión del escudo social, una fórmula semántica acuñada por la coalición gobernante durante el primer confinamiento que se ha convertido en el referente simbólico de un Ejecutivo que incluye bajo este paraguas medidas tradicionales, como la revalorización de las pensiones, y propuestas propias, entre otras, las de la bonificación del transporte público o la reducción parcial de la carga impositiva a la energía y la alimentación. El gasto público tendrá que financiar una batería de propuestas con la que el presidente del Gobierno trata de recuperar una imagen de buena gestión, inherente al cargo recién revalidado, que el rechazo mayoritario a la amnistía ha quebrado.
Sánchez ha obtenido el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados gracias a una medida que ha concitado una honda respuesta social. Una gran parte de los españoles, incluidos muchos votantes socialistas, refutan un proyecto legislativo que valida el proceso independentista y cuestiona la acción del Estado en favor de la unidad nacional y el principio de igualdad entre ciudadanos. Sin embargo, el presidente del Gobierno defiende la propuesta en aras de la supuesta mejora de la convivencia y ofrece al secesionismo catalán «un punto de encuentro» para evitar la celebración de un referéndum sobre la separación del Principado.
«Tenemos que abrir una nueva fase de diálogo y normalización de la situación política que pasa por medidas legislativas como la ley de amnistía», explicó Sánchez en la rueda de prensa que ofreció ayer. El jefe del Ejecutivo también se refirió a la conveniente actualización del sistema de financiación autónomica y aseguró que contará «con Cataluña y con todas las comunidades». La posible extensión de fórmulas bilaterales amenaza al mecanismo de solidaridad interterritorial que recoge la Constitución y que trata de blindar oportunidades equitativas en todo el Estado.
La lluvia de beneficios que Sánchez ofrece a diferentes estratos de la sociedad española requerirá de una inversión creciente que, previsiblemente, ahondará en un déficit público que vuelve a preocupar en Europa. Las promesas anuncian futuras complicaciones para el riesgo país: la deuda pública alcanza el 110% del PIB anual y la diferencia entre los ingresos y los gastos del erario superó en 2022 los 63.000 millones de euros.
Las medidas proyectadas, además, ofrecen una respuesta incompleta a problemas como la precariedad salarial de los trabajadores más jóvenes o las dificultades de acceso al mercado de la vivienda, pese a los 2.000 millones de avales comprometidos para aumentar el parque de vivienda pública.