El Gobierno recortará la financiación estatal a las comunidades autónomas (CCAA) "insumisas" con la Ley de Vivienda, según ha anunciado la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, que se ha referido expresamente al caso de Madrid.
"Quien no aplique la Ley de Vivienda, no va a tener financiación del Gobierno central", ha advertido este jueves la ministra de Vivienda y Agenda Urbana en una entrevista en TVE, en la que ha recordado que entre el 70 y el 75 % de las políticas de vivienda de las CCAA se financian con fondos del Estado.
Rodríguez, que aboga por una alianza de país en materia de vivienda, asegura que ella quiere seguir apoyándolas económicamente, pero también que pongan más presupuesto para esta finalidad, ha dicho la ministra, para añadir: "Yo condicionaré la financiación a que efectivamente" las CCAA "estén cumpliendo la ley".
Ha apuntado que no puede tratar por igual a aquel que está haciendo esfuerzos, que está cumpliendo la ley, que está dando respuesta a su conciudadanos que a aquél que por atacar al Gobierno se muestra insumiso en el cumplimiento de la ley".
Los madrileños sufren la "insumisión" de Ayuso
"La propia ley me faculta de manera extraordinaria a trabajar con aquellas comunidades que se han comprometido a cumplirla y que están dando respuesta a sus ciudadanos", ha advertido la ministra, de forma que recibirán "menos fondos" las CCAA que no aplican la ley, como es el caso de Madrid, según el ejemplo concreto que ha puesto.
De hecho, Rodríguez se ha dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y le ha dicho durante la entrevista que "hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la ley" y que viven una situación que es "insostenible socialmente".
"Hay una herramienta que es la Ley de Vivienda que nos permite dar respuesta a esa situación y yo me comprometo a ayudar a la Comunidad de Madrid con más fondos, con más recursos (...) para dar respuesta a esa situación", ha argumentado.
Según sus datos, la Comunidad de Madrid ha recibido del Gobierno 2.000 millones de euros desde 2018 para políticas de vivienda. "Quiero que (esos fondos) se ejecuten bien y que a partir de ahora se orienten con cumplimiento a la ley", ha advertido.
Sobre si el recorte de la financiación a las CCAA ha partido de Sumar, Rodríguez no ha querido entrar en polémicas y ha indicado este jueves en declaraciones a los medios que es un planteamiento que lleva tiempo compartiendo y que está incorporado en el artículo 18 de la Ley de Vivienda.
"Ahí donde se está produciendo una tensión (de precios de la vivienda) que está definida en la ley y que por un empeño partidario no se está cumpliendo, tendrá también sus consecuencias", ha apuntado.
Además, ha apuntado que muchos ayuntamientos de Madrid han reclamado a Ayuso que aplique la ley, y ha acusado a la presidenta madrileña de hacer demagogia y populismo con la vivienda y de abandonar a los madrileños ante una situación de extrema gravedad para la que hay instrumentos de mejora.
Agradece la disposición de Cataluña
Con motivo de su reunión con la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica del Gobierno catalán, Silvia Paneque, la ministra ha agradecido la disposición de la Generalitat en materia de vivienda y ha recordado que los 140 municipios catalanes tensionados se van a ampliar a otros 131 más que representan el 90 % de la población catalana.
"Es una buena noticia poder gobernar con vosotros", ha apuntado Rodríguez, que ha añadido que el Gobierno de España va a seguir adoptando con ellos medidas extraordinarias para que las zonas tensionadas dejen de serlo en el mejor tiempo posible.
Por su parte, la consellera ha reconocido que aún no tienen datos propios de cómo han evolucionado los precios en estas zonas tensionadas desde el control de los alquileres y que el objetivo de promover 50.000 nuevas viviendas en Cataluña (35.000 mediante promoción directa y 15.000 en promoción delegada) no será fácil pero sí asumible y supondrá movilizar 8.300 millones hasta 2030.
Paneque ha afirmado además que el rechazo de Junts a la ley para regular el alquiler temporal tendrá consecuencias muy graves sobre la ciudadanía en Cataluña y que hay que explorar las mejores vías para asegurar los derechos de las personas e inquilinos y acelerar aquellos mecanismos para que no haya fraude de ley.