Lo de Luis "Alvise" Pérez es nueva política 2.0. Para montar un partido o algo similar ya no son precisas manifestaciones ni acampadas masivas en torno a conceptos tradicionales de la lucha política, sino tener una cuenta en Telegram con centenares de miles de seguidores y pedirles que colaboren económicamente con criptomonedas. Para el resto del funcionamiento de la organización se siguen los preceptos de la política tradicional cuando está marcada por la corrupción: utilización de las instituciones para defender el interés particular en lugar del interés público, la financiación ilegal para acudir dopados a las convocatorias electorales, la creación de lobbies para la elaboración de leyes que benefician a un sector determinado, la proclamación de la inocencia y la persecución mediática… Hasta que la justicia o los electores ponen las cosas en su sitio,

La aparición de la agrupación Se Acabó La Fiesta, (SALF) liderada por Alvise, situada ideológicamente a la derecha de la ultraderecha en las elecciones europeas -el marco adecuado para los experimentos populistas-, pilló por sorpresa a Vox a quien arrebató votantes, y al PP que volvía a ver el espacio de la derecha partido en tres. Como no es lo mismo difundir bulos e informaciones -que le llevan continuamente ante los tribunales- que lograr dinero de quienes dan likes a sus publicaciones, Alvise Pérez recurrió a un chiringuito financiero para lograr fondos en efectivo para su campaña electoral que quedarán fuera del control del Tribunal de Cuentas.

Con ser grave el presunto delito de financiación ilegal en un partido de recientísima creación, lo son más las promesas que realizó a su financiador confeso, y a la postre denunciante, de lo que pensaba hacer una vez que pudiera utilizar la plataforma del Parlamento Europeo en defensa de las criptomonedas mediante "lobby masivo" y en contra de lo que denomina "saqueo fiscal". Y más todavía, como en el cuento de la lechera, se veía en disposición de impulsar leyes en España a favor del negocio de quien le ha dado el dinero -denunciado por estafa- si como prevé se convierte en "llave de Gobierno con Feijóo y Abascal".  Una vez más la simbiosis entre un político presuntamente corrupto y un empresario dedicado a actividades no menos presuntamente ilícitas.  

La posible imputación de Luis "Alvise" Pérez ante el Tribunal Supremo, dado el aforamiento por su condición de eurodiputado, habrá llevado una cierta tranquilidad tanto a Vox como al PP que esperan que se diluyan los 800.000 votos que consiguió SALF en las elecciones europeas. A los partidos o agrupaciones tan personalistas -como lo fueron Ciudadanos o Podemos- les resulta muy difícil remontar las dificultades de sus líderes y más si se encuentran imputados por delitos relacionados con la corrupción, aunque Alvise rebaja su situación a una mera infracción administrativa, y tampoco hay que desdeñar su capacidad manipuladora con la que tratará de revertir su situación. En cualquier caso, resulta sorprendente la rapidez con que quien intenta aparecer como adalid de un nuevo proceso de regeneración democrática se convierte en otro fiasco, y lo es también que atribuya su situación a la mafia mediática que difunde bulos sobre su persona, cuando esa ha sido su especialidad y lo que le ha llevado hasta el Parlamento Europeo.