Mucho se habla de la sostenibilidad en el sector del turismo y, ciertamente, es un factor clave que marca tendencias y mueve conciencias y responsabilidades de turistas y habitantes. Su finalidad es plausible. De un lado, minimizar el impacto ambiental y contribuir al bienestar de las comunidades locales y, de otro, favorecer el compromiso con prácticas de viaje más responsables. Hasta aquí, nada que objetar. Pero, como suele suceder, casi todo tiene una doble cara que conviene discernir para preservar los entornos urbanos y naturales y el ejercicio de una actividad de enorme importancia para el conjunto del país. El reto primordial no es otro que hallar ese equilibrio que permita la generación de beneficios económicos sin soliviantar los ánimos de los residentes y, especialmente, sin tensionar la convivencia.

Pero la disyuntiva que nos ocupa corre serios riesgos cuando quienes tienen la capacidad de ejercer la dirigencia sólo ven un lado de la moneda. Es el caso de la formación de Sumar, que ya ha expresado su deseo de limitar la industria turística española en base al reiterado argumento de evitar el deterioro medioambiental que, dice, provoca tanto trasiego de visitantes nacionales e internacionales. Con esta excusa, ha propuesto el establecimiento de una nueva ecotasa que afectará al principal motor económico de nuestro país. Medida que, como imaginan, pretende gravar las estancias y limitar el acceso de turistas, sobre todo a los destinos más presionados. El partido de Yolanda Díaz insta, además, a elaborar un informe que mida el impacto de emisiones de vuelos cortos y privados que pudieran ser sustituidos por trayectos en tren.

Sin duda, la cuestión de fondo pudiera ser hasta loable, pero ya son conocidas las nefastas consecuencias de lanzar determinadas iniciativas sin una sólida justificación previa. Lo vemos estos días con el sector primario y, por ello, sus señorías deberían hilar fino para conjugar competitividad y ecología. No olviden que las trabas a la pujante industria turística mermarán la productividad general, frenarán la inversión extranjera y harán crecer aún más la deuda pública.