Los fondos comunitarios procedentes de la Política Agraria Común, casi 5.000 millones de euros, suponen una media de 18% sobre el volumen de la renta agraria de los últimos años, aunque su efecto es muy diferente según cada tipo de producción o cultivo, yendo desde producciones que sin esa ayuda no podrían funcionar, a otras donde los apoyos son meramente simbólicos o directamente inexistentes. Pero, al margen de las ayudas comunitarias, el endeudamiento en la actividad agraria y las condiciones en las que se articulan sus concesiones desde la Administración -ICO, SAECA, tipos de interés y avales-, junto a la tasa de morosidad, constituyen otros dos elementos claves a la hora de analizar la realidad y, sobre todo, el futuro del sector agrario, donde la nota más destacable es la estabilidad con ligeros ajustes a la baja.
Con una evolución negativa de la renta en el último año -descenso del 6%- y muchos interrogantes sobre el futuro, no hay una explosión de endeudamiento que avalaría una confianza en el futuro de la actividad. Desde el sector agrario se da por hecho que, aunque se puedan producir ajustes, van a seguir los apoyos directos de la Política Agraria Común para el próximo periodo. Sin embargo, existen muchas dudas sobre las posibilidades para mantener o mejorar la rentabilidad de las explotaciones como consecuencia de la evolución de los mercados, fundamentalmente a la vista de las autopistas que se abren progresivamente desde Bruselas para las importaciones desde terceros países. Al mismo tiempo, en los países comunitarios se ponen trabas al desarrollo e incremento de las producciones por razones medioambientales, por la sostenibilidad de los suelos o por exigencias de bienestar animal, condiciones fito o zoosanitarias que no se piden a los productos importados desde fuera de Unión Europea.
Al hablar sobre endeudamiento agrario, un punto previo a cualquier análisis es que no se trata de una situación o una respuesta uniforme para el conjunto de la actividad agraria. En unos casos, el endeudamiento se explica como la respuesta obligada a una situación de carencia de disponibilidades o liquidez financiera para el desarrollo normal de la actividad por una falta de rentabilidad estructural o coyuntural debido también a diferentes razones, fundamentalmente climáticas o de los mercados. En otros casos, por el contrario, el endeudamiento, es un factor en positivo y respondería al funcionamiento de una actividad boyante y rentable que necesita crecer para dar respuesta a la demanda de los mercados.
En el primer escenario se ubicaría fundamentalmente un tipo de agricultura continental en secanos, mientras en el segundo se hallaría especialmente la actividad en sectores mayoritariamente de frutas y hortalizas, que hoy tienen básicamente puesta la mirada puesta en la exportación, y, en este momento, también en actividades ganaderas como el porcino. La reducción en el endeudamiento respondería, en general, a la existencia de demasiados interrogantes sobre el futuro y la rentabilidad de la propia actividad. En todo los casos, un factor añadido a la hora de acometer un mayor endeudamiento en un explotación estaría también ligado a las expectativas de continuidad en la propia explotación, bien por cuestiones de relevo generacional o bien por si la respuesta se halla en la integración de la explotación en una entidad asociativa para garantizar su futuro. Finalmente, en relación con el nivel de endeudamiento agrario, cabe destacar las escasas opciones que hay para hacerlo desde una explotación familiar en retroceso y llena de interrogantes sobre los mercados y sobre la propia política agraria, frente a las posibilidades de las que disponen los grandes grupos inversores que están desembarcando en el campo, tanto en agricultura como en ganadería.
Datos.
Con unos y otros escenarios sobre la mesa, al margen de todas las interpretaciones, la realidad del endeudamiento en el sector agrario y todo lo que el mismo conlleva la ponen los datos del Ministerio de Agricultura sobre su evolución en los últimos meses.
De acuerdo con las cifras oficiales, el crédito al sector agrario en el primer trimestre de este año experimentó una reducción del 2,1% sobre el trimestre anterior, ajuste que llega al 4% si se consideran los datos con una variación interanual. En este momento, el endeudamiento agrario se sitúa en 21.122 millones de euros frente al valor de una producción final agraria que alcanza unos 60.000 millones de euros y supone algo más del 74% de la renta agraria, estimada para 2022 en unos 27.000 millones de euros.
El endeudamiento agrario registró su nivel máximo en 2008 con 23.936 millones de euros en un momento en el que se produjeron muchos elementos en contra de las producciones, fundamentalmente por factores climáticos, para, a partir de esa fecha, haberse ido reduciendo hasta unos volúmenes medios entre los 21.000 y los 22.000 millones de euros en una permanente, aunque discreta, línea de ajustes a la baja.
Junto a la evolución del endeudamiento, el otro dato a destacar en el plano económico es la evolución de la tasa de morosidad o de los créditos de dudoso cobro, según los datos de Agricultura en base a los elaborados desde el Banco de España. En este sentido, la morosidad se sitúa por encima de los 1.000 millones de euros, con la cifra récord de casi 1.900 millones en 2013. La nota más positiva en esta dirección es que se halla prácticamente estabilizada en el 5%, frente al 8% de la construcción o el 7,4% que ostenta la actividad pesquera, aunque se sitúa por encima de la media del 4,1% para todas las actividades productivas. Con o sin buenas cosechas, antes o después del seguro agrario que puede garantizar unos ingresos, el campo suele ser un buen pagador.
En el caso de la industria alimentaria, frente a lo que sucede en la actividad agraria, el endeudamiento mantiene una continuada aunque discreta tasa de crecimiento hasta situarse en 2023 en 25.214 millones de euros, que es la cifra más alta de los últimos años con un incremento sobre el periodo anterior del 0,8%. En su caso, la tasa de crédito de dudoso cobro solo es del 3,2%.