La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue a varias empresas alemanas por la fabricación y comercialización del producto sanitario Ala Octa, aplicado en las operaciones de retina, y que produjo pérdida de visión y otros efectos adversos en los pacientes sobre los que se aplicó.

La teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durantez, ha presentado una querella en la que pide al tribunal que se recabe de los centros sanitarios que notificaron incidentes con el producto Ala Octa los datos de los pacientes que sufrieron lesiones, tomándoseles declaración como perjudicados con ofrecimiento de acciones.

Además, la fiscal solicita que, una vez determinadas las personas jurídicas presuntamente responsables, se requiera a este organigrama a efectos de la determinación de las personas físicas que pudieran resultar responsables. Por último, pide que se interrogue en sede judicial a los investigados que correspondan.

La Fiscalía entiende que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delitos contra la salud pública por la fabricación, importación, suministro, intermediación, comercialización, ofrecimiento o puesta en el mercado del producto sanitario Ala Octa y de lesiones graves.

El Ministerio Público asegura que "el producto ocasionó a los pacientes a quienes se les suministró efectos adversos para la salud como amaurosis (situación de no percepción de luz en el ojo operado), atrofia del nervio óptico (atrofia óptica), necrosis retiniana y fenómenos de oclusión vascular retiniana con posible envainamiento de la pared de los vasos sanguíneos de la retina, tanto arteriales como venosos".

"La investigación sobré el producto apreció la existencia de deficiencias en la fabricación y carencias en los controles de seguridad de la materia prima y de los lotes fabricados. Fue utilizado por el sistema de salud español en 28 centros sanitarios, de 13 comunidades autónomas, con un número total de 125 casos notificados", añade.

Las empresas que habrían comercializado el producto son, según indica la Fiscalía, Alamedics GmbH & Co.KG y BSI Group Deutschland y la empresa con sede en Barcelona W.M. Bloss S.A.