Este viernes Begoña Gómez comparecerá ante el juez Peinado para dar cuenta de su trabajo como codirectora de un máster en la Universidad Complutense de Madrid y sus posibles derivaciones irregulares, o delictivas -lo decidirá el juez- al frente de ese máster, con el que la mujer de Pedro Sánchez obtenía ingresos a través de los patrocinadores.

Lo que más ha escandalizado en el llamado caso Begoña ha sido la captación de esos patrocinadores después de que ella recomendara al gobierno tenerlos en consideración a la hora de decidir sobre contratos y subvenciones a cuyas licitaciones se habían presentado. Sin embargo no será la justicia española quien se encargue de ese asunto, sino la Fiscalía Europea, que es la que garantiza el buen uso de los fondos europeos. Pero al juez Peinado corresponde el investigar y decidir decide sobre todo lo relacionado con la administración de los dineros del máster, las acusaciones a Begoña Gómez de tráfico de influencias y el uso de un software que no le pertenecía.

La situación de Gómez se enturbia cada día que pasa, y en paralelo se enturbia también la de Pedro Sánchez. Para preocupación de los dos, colaboradores y socios de Begoña Díaz Gómez no han dudado en responder a todas las preguntas del juez cuando fueron llamados como testigos. Estaban obligados a decir la verdad, y sus declaraciones colocan en una situación muy delicada no solo a Begoña Díaz sino también a Pedro Sánchez, porque uno y otro mantuvieron reuniones en Moncloa con el empresario Barrabés, socio de Gómez en el máster y que tras las cartas de recomendación de la mujer del presidente firmó al menos tres contratos con el gobierno. Que las reuniones se celebraran en Moncloa es un elemento relevante, porque da peso a las investigaciones por presunto tráfico de influencias.

En los últimos días tanto Begoña Díaz como el presidente de gobierno se han encontrado con un hecho que suele darse en la mayoría de los juicios: filtraciones periodísticas y declaraciones que demuestran que en el entorno de los encausados se empieza a sentir el temor de ser investigados: se abren a contar lo que saben antes de que las investigaciones judiciales les coloquen en una situación difícil.

Los datos que ofreció Barrabés son relevantes, pero también los de las autoridades de la Complutense, que revisan ahora notas de gastos de Díaz en las que no aclara a que corresponden; o reconocen que la mujer de Sánchez registró o como propio, y comercializó, de un software que Google, Indra y Telefónica habían donado a la Complutense.

En situaciones complicadas, más aún cuando interviene la Justicia, el "sálvese quien pueda" se da con frecuencia. Y, para salvarse, se abren bocas que estaban cerradas. De nada sirve la campaña de descrédito que se ha hecho desde el sanchismo contra el juez Peinado. Son los testigos, obligados a decir la verdad, los que pueden poner contra las cuerdas a un imputado, más allá de las investigaciones ordenadas por un juez.