El gasto en pensiones ronda ya el 12% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone una de las partidas más importantes en los Presupuestos Generales del Estado. El pasado agosto alcanzó la cifra récord de 12.828 millones, un 6,5% más que en el mismo mes del año pasado con un total 10.208.300 pensiones contributivas, casi un 1,4% más que hace un año, que llegaron a 9,23 millones de personas retiradas. Del total, 6,5 millones eran de jubilación; 2,4 millones de viudedad; 974.169 eran de incapacidad permanente; 341.987 de orfandad, y 46.196, en favor de familiares.

En este contexto, desde el Gobierno se busca implantar medidas eficientes que garanticen tanto la viabilidad del sistema como la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas. De hecho, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, señala que el Ejecutivo revisará la regulación de la jubilación flexible mejorando el porcentaje económico que podrán mantener los trabajadores ya jubilados si deciden reengancharse al mercado laboral.

Saiz recordó que se quiere abordar esta revisión en el plazo de seis meses, tal y como quedó recogido en el último paquete de medidas pactado en julio con patronal y sindicatos, un acuerdo que ha defendido esta pasada semana ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso y que, entre otros cambios, amplía las opciones para compaginar trabajo y pensión.

Además, defendió una jubilación flexible que incentive al pensionista a dilatar su vida laboral con unas reformas que le permitan trabajar y, al mismo tiempo, cobrar la pensión. La ministra explicó que el acuerdo con los agentes sociales incluye mejoras en la flexibilidad para que los empleados «puedan prolongar su vida laboral» con cambios tanto en el retiro demorado como en el activo.

En este punto, incidió en que la proporción de pensionistas que retrasan la edad de jubilación «ha aumentando significativamente» hasta situarse en el 10% el pasado mes de agosto en España, el doble que hace tres años.

Junto a esto, recordó los cambios para los coeficientes reductores de la edad de jubilación para quienes hayan realizado trabajos especialmente penosos o insalubres en determinadas actividades.

«Estas profesiones, que implican un desgaste físico y mental significativo y que se determinarán por parámetros objetivos, merecen un tratamiento diferenciado que reconozca las duras condiciones a las que están sometidos».

También se refirió a la jubilación parcial y al contrato relevo y precisó que en estos momentos hay 51.214 relevistas indefinidos, de los que 50.793 son a tiempo completo.

Ventajas

A juicio de Elma Saiz, esta reforma «rejuvenece las plantillas, mejora la productividad, facilita la transición a la jubilación y asegura la estabilidad a las nuevas contrataciones».

La reforma también busca una participación más activa de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en la realización de pruebas diagnósticas y tratamientos rehabilitadores, con el fin de reducir las listas de espera que acumulan los servicios públicos de salud.

Asimismo, ante la incertidumbre de si el Ejecutivo subirá las pensiones en el caso de no salir adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2025 conforme al IPC a partir de enero, la Seguridad Social confirmó que su revalorización está garantizada.

El Gabinete de Pedro Sánchez tiene hasta el próximo 31 de diciembre de 2024 para aprobar los Presupuestos para 2025 que, en caso de no salir adelante antes del 1 de enero de 2025, se prorrogarían automáticamente los vigentes hasta la aprobación de los nuevos.

En este sentido, el ejecutivo y como medida excepcional podría aprobar un decreto de prórroga presupuestaria. En él, solo podría incorporar las medidas más urgentes, las cuales entrarían en vigor el próximo 1 de enero de 2025.