Regusto amargo en la Junta de Castilla y León por la falta de comunicación y participación de las comunidades en las medidas aprobadas ayer en el último Consejo de Ministros del año, donde se dio luz verde, entre otras cuestiones, a la ampliación de las bonificaciones al transporte público o la ampliación del llamado escudo social. El portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, defendió que «todo lo que sea mejorar la protección social de las personas que más lo necesitan, bienvenido sea», pero criticó que el Gobierno no haya «consultado» con las autonomías las medidas del su «escudo social» cuando «tienen que pagar la mitad de lo que anuncia». Carriedo, en una primera valoración de los acuerdos del Consejo de Ministros de ayer en 'Los Desayunos de Ical', insistió en que una parte «relevante» del «escudo social» lo pagan las comunidades, porque asumen el 50 por ciento de la recaudación del IVA. «No hubiese estado de más consultarnos o pedirnos alguna idea, basta que tenemos que pagar la mitad de lo que el gobierno anuncia hoy».
Carlos Fernández Carriedo recordó que fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien anunció estas medidas durante su investidura, pero «pagamos la mitad las autonomías», que carecen de capacidad normativa sobre el IVA pero si asumen la mitad de la recaudación y cuando se toca se ven afectadas. «No se ha querido consultar a las autonomías ni a los sectores productivos", criticó, para sentenciar que "esta es una mera negociación para mantener una supuesta cohesión dentro del Gobierno; un tira y afloja entre los partidos del Gobierno».
Tampoco se mostró muy satisfecha la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, que criticó la falta de diálogo del Gobierno con las comunidades a la hora de fijar las bonificaciones al transporte público de viajeros aprobadas ayer por el Consejo de Ministro, a la vez que ha lamentado la falta de planificación del Ejecutivo. En unas declaraciones recogidas por Ical, González Corral aseguró que en ningún momento ha existido diálogo alguno con las comunidades autónomas por parte del Gobierno, a pesar de que su intención de prorrogar las bonificaciones se conocía desde hace tiempo. «Esta forma de actuar dice muy poco del autodenominado gobierno transparente y de diálogo».
Todo ello en una jornada en la que se ha conocido que la Junta de Castilla y León solicitará al Gobierno central la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) después de que el Consejo de Ministros haya aprobado su cesión a las comunidades autónomas con régimen común que lo soliciten para equipararlas a las comunidades autónomas de régimen foral que ya lo tenían cedido, como son País Vasco y Navarra. En concreto, según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional, Castilla y León sí reclamará la gestión del IMV como ya lo ha solicitado en varias ocasiones desde 2020 para conseguir su traspaso en las mismas condiciones que se realizó con el País Vasco.