Más infracciones, más multas, más requerimientos y más trabajadores beneficiados. Este es el balance de la actividad de la Inspección de Trabajo durante el pasado año en Castilla y León, que dejó un récord en el importe de las sanciones a las empresas, con casi 20 millones de euros, y que sirvió para aflorar más de 5.300 empleos sumergidos. «La constatación de la implantación del modelo de fraude existente en el mercado de trabajo, en materia de contratación a tiempo parcial, ha conllevado en los últimos años una intensificación de las actuaciones inspectoras en esta materia, afectando a la práctica totalidad de los sectores económicos», señalan desde el Ministerio de Trabajo, que se encuentra inmerso en el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Un programa que llega en medio de la explosión laboral vivida en España y en la Comunidad tras el fin de la pandemia y que persigue poner freno a las irregularidades e infracciones que se producen en la contratación. Por ello, este plan vino acompañado por un aumento de los técnicos y de las visitas a las empresas que se han traducido en Castilla y León en un repunte histórico del sesenta por ciento en las multas impuestas y del 50 por ciento en el caso de las infracciones detectadas en el primer año a plena vigencia del plan estratégico.

El balance relativo a 2022 del organismo revela que el pasado ejercicio las empresas de la Comunidad recibieron sanciones por valor de 18,5 millones de euros por las 6.113 irregularidades en la afiliación a la Seguridad Social y la contratación detectadas en las más de 100.000 actuaciones realizadas. Todo ello, según el Ministerio, después de detectar casi 26.800 trabajadores afectados por prácticas irregulares. Esta actividad inspectora también llevó a cifras históricas el importe de los expedientes liquidatorios por el fraude en las cuotas a la Seguridad Social, con casi 36 millones.

«El objetivo es salvaguardar los derechos de los trabajadores que se ven afectados por ese fraude, no solo en lo relativo a los aspectos laborales (jornada y salario), sino también en materia de cotizaciones a la seguridad social procurando al mismo tiempo salvaguardar los recursos del sistema recuperando las cuotas dejadas de ingresar». Los halcones de la inspección de trabajo tampoco quitaron el ojo a las contrataciones fraudulentas en Castilla y León. Para ello se revisaron casi 30.000 contratos. En total fueron 11.259 trabajadores temporales a los que se les transformó en indefinidos tras las investigaciones del Ministerio, a los que hay que sumar otros casi 2.000 a los que se les incrementó la jornada fijada en el contrato temporal.

También el pasado año se investigaron 861 accidentes de trabajo ocurridos en la Comunidad, que derivaron en 232 multas por importe de 840.000 euros. Y es que las infracciones detectadas por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales superaron las 2.200, afectando a 10.391 trabajadores. Por ello, las empresas denunciadas tuvieron que abonar sanciones por valor de 4,4 millones de euros, y se llegó incluso a paralizar seis obras por las irregularidades.