Es un tema casi tabú en España: cómo regular la prostitución. Sin embargo, y tras los tímidos debates de la pasada legislatura, el Congreso de los Diputados se lanzará esta semana a analizar cuál es la mejor solución para una problemática que sigue prácticamente oculta Así, la Cámara Baja decidirá mañana si se debe cambiar la legislación sobre esta materia, una realidad atravesada por la explotación sexual y la feminización de la pobreza y sobre la que no existen datos oficiales actualizados que permitan hacer una radiografía precisa de la situación.
Entre las cuestiones que plantea el PSOE a través de una proposición de ley se encuentra modificar el Código Penal para endurecer el castigo del proxenetismo, multar el pago por sexo y castigar con cárcel la tercería locativa, esto es, penar el lucrarse por destinar un inmueble o cualquier otro espacio para que otra persona ejerza la prostitución.

Actualmente, España solo condena las conductas de prostitución coactiva (obligar a una persona a ejercer la prostitución mediante violencia, intimidación o engaño), la de menores y la trata. El debate sobre la prostitución genera una gran división entre los socios gubernamentales y parlamentarios del Ejecutivo. Y más allá de las paredes del Parlamento: en el seno del movimiento feminista existen grandes disensos ideológicos, con posturas que van desde la regulación (reconocer esta actividad como un trabajo) a la abolición (por considerar que es una forma de violencia contra la mujer).

Ni siquiera en la sociedad española parece haber claros consensos sobre cómo abordar esta situación, a juzgar por los resultados de una encuesta realizada por el CIS el año pasado: un 32 por ciento afirmó estar a favor de castigar a los «prostituidores», otro idéntico 32 por ciento aseguraba que pagar por sexo es inaceptable pero no debería ser reprochable legalmente y el 28 por ciento opinaba que es posible intercambiar dinero por el acceso al cuerpo de una mujer. En definitiva, uno de los motivos que condiciona sustancialmente el debate es la falta de estadísticas oficiales sobre esta realidad. Se sabe que una amplísima mayoría de personas en situación de prostitución son mujeres y niñas y que quienes pagan por acceder a sus cuerpos son mayoritariamente los hombres, pero no hay cifras oficiales al respecto o las que hay quedaron anticuadas.

La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito calcula que en España hay entre 300.000 y 400.000 personas en situación de prostitución y de que más del 90 por ciento de ellas son mujeres y un 80 por ciento extranjeras, aunque se trata de una proyección realizada hace más de una década, en 2010.