La Junta de Castilla y León se desmarca de la postura que había mantenido la alcaldesa de Burgos hasta este jueves y «garantiza» que seguirá colaborando con las organizaciones no gubernamentales que trabajan con los migrantes. «Quiero reiterar nuestro apoyo al trabajo que realizan estas entidades y a la gran labor que hacen estas ONG con las que tenemos una relación fundamental desde hace muchos años». La vicepresidenta y consejera de Familia, Isabel Blanco, que intervino antes de conocerse el cambio de postura de la alcaldesa de Burgos, quiso marcar distancias y reiteró en varias ocasiones su apoyo a las organizaciones sociales que trabajan con las personas migrantes. Por ello, de forma explícita, quiso hacer un «reconocimiento» a la «gran labor» que desempeñan en el «día a día» con las personas «más vulnerables».

«Las mantendremos por coherencia con nuestros principios», añadió por su parte el portavoz y consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, que tiró de ironía para recordar que el Ejecutivo autonómico «ya tiene experiencia» en estas exigencias de Vox, tras la salida de los de Santiago Abascal de la Junta a mediados de julio por la acogida de menores migrantes. De hecho, volvió a poner sobre la mesa los «principios» del Gobierno autonómico tras ser cuestionado sobre si aceptaría el apoyo de Vox al presupuesto de 2025 a cambio de medidas similares. En cualquier caso, la vicepresidenta no quiso ir más allá de garantizar el apoyo autonómico a estas organizaciones no gubernamentales y reiteró en varias ocasiones que cada organismo tiene sus competencias: «Son ellos los que tienen que explicar sus presupuestos al respecto».