Las más altas instancias judiciales del país llevan semanas siendo protagonistas de una lucha política que ya no se esconde. El lunes, el Tribunal Supremo decidía por una mayoría casi absoluta que no cabe amnistiar los delitos de corrupción de Carles Puigdemont y varios de sus acólitos en la asonada secesionista de 2017, por lo que la orden del juez Pablo Llarena para detener al prófugo tan pronto como pise suelo español sigue vigente. La decisión ha sido utilizada por los socios del PSOE de Pedro Sánchez, particularmente por Junts, para regresar sobre sus manoseadas acusaciones de guerra sucia judicial. Los socialistas no han ido tan lejos, pero sí incurrieron en una contradicción de libro. No entienden ni respetan que el TS haga ningún tipo de apreciación que pueda ser considerada política. Por contra, sí defienden abiertamente que el Poder Judicial esté sometido al Legislativo y que los políticos puedan hablar abiertamente de los jueces incluso para ser vejados en sede parlamentaria. Es una curiosa interpretación del principio de equilibrio y respeto a la división de poderes.

Habrá, eso sí, consecuencias políticas a la postura del Supremo. El caso de Puigdemont no allana el camino hacia la legislatura que Pedro Sánchez pretende para Cataluña con Salvador Illa a la cabeza. Más bien acerca a los catalanes a unas nuevas elecciones. Salvo que el PSOE sea capaz de seducir a una mayoría que pasa inevitablemente por dar a ERC lo que pide, pero lo que pide descoserá las pocas costuras firmes que quedan en el PSOE territorial porque supone aceptar la «singularidad» de Cataluña para condonar su deuda con el Estado y entregar las llaves de la caja a un nacionalismo voraz y divisivo cuya historia está trufada de casos flagrantes de corrupción.

Ayer, el Tribunal Constitucional, haciendo uso de la mal llamada «mayoría progresista», es decir, de los jueces y juezas afines al PSOE, siguió desmontando las condenas de la Audiencia de Sevilla -avaladas en su momento por el Supremo- a los políticos que dirigieron la Junta de Andalucía mientras se perpetraba el mayor escándalo de corrupción de la historia de España: el caso ERE. Curiosamente, todos los condenados son socialistas. 

Esta instrumentalización de la Justicia no sólo está dañando de raíz el crédito de la democracia española. Está empujando cada vez a más ciudadanos a posturas montaraces, al populismo más abyecto. También diluye el efecto positivo del pacto para la renovación del CGPJ, que ahora se manifiesta como lo que en puridad fue: un reparto político del Poder Judicial sin una sola garantía de que los jueces vayan a elegir su gobierno. Es urgente acabar con esta espiral de degradación.