Amnistía, unilateralismo, referéndum de autodeterminación, mediación internacional y ahora reconocimiento nacional de Cataluña que solo se puede conseguir a través de la independencia, según la última formulación del expresidente de la Generalitat, el prófugo Carles Puigdemont. La independencia es la única manera para que Cataluña siga existiendo como nación, afirma y entre tanto quiere que al menos sea reconocida como una minoría nacional que se encuentra perseguida por su deseo de independencia, otra falsedad. Carles Puigdemont introduce así un nuevo factor en el relato que los independentistas desearían que se plasme en la exposición de motivos de la ley de amnistía y que no se considere ilegal el referéndum del 1-O.

Introducir el concepto de nación catalana en la negociación del acuerdo para que Junts vote a favor de la investidura de Pedro Sánchez, y más allá para que se llegue a un pacto de legislatura, es entrar en un terreno muy resbaladizo en el que el acuerdo será muy difícil si lo que pretende Puigdemont es que se reconozca a Cataluña como una nación política, lo que no ha sido nunca pese a los retorcimientos históricos, el discurso épico de determinados historiadores y la mistificación sobre la nación catalana antes de los decretos de Nueva Planta que acabaron con las instituciones propias que ejercían su poder por delegación.

Que existe una nación catalana está reconocido hasta en el artículo 2 de la Constitución española, si por nación se entiende una realidad relacionada con el origen de los pueblos con una raíz común, un idioma, tradiciones y símbolos aceptados por el pueblo. En fin unas realidades que con su interpretación romántica dan lugar al nacimiento "nacionalidades", con una identidad cultural e histórica pero en ningún caso política.  Así lo reconocía la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña de 2006 cuando señalaba que la mención a la realidad nacional de Cataluña y a la declaración del Parlamento de Cataluña sobre la nación catalana, era la expresión "de una idea perfectamente legítima con plena cabida en el ordenamiento democrático" como autorepresentación de una colectividad nacional en un sentido ideológico, histórico o cultural pero sin eficacia jurídica interpretativa, porque el Estatuto no puede "desconocer" la "indisoluble unidad de la nación española" proclamada en la Constitución.

Cataluña nunca ha sido una nación en el sentido político porque sus instituciones no respondían a un reparto de soberanía sino a un pacto con la Corona que debía respetarlas, y desde luego Cataluña forma parte de España desde la Constitución de 1812 cuando España se constituye como una nación política unitaria. En cualquier caso, Cataluña tampoco cumple con otro de los criterios básicos para la conformación de una nación política, su reconocimiento internacional. "La Constitución no conoce otra que la nación española", afirmaba contunde la sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, que nadie ataca la condición nacional de Cataluña a la que se ha referido Puigdemont, reconocida en la Constitución y en el Estatuto, pero vuelve a realizar un ejercicio de victimismo cuando afirma que la "independencia política" es "la única manera de continuar existiendo como nación". Una nación cultural que seguirá utilizando sus símbolos. Pero la nación política catalana nunca existió.