La transición demográfica es un proceso que se refiere a los cambios en la estructura de una población a lo largo del tiempo y Castilla y León, ya desde el siglo pasado, experimenta una significativa disminución. Las tasas de mortalidad han cambiado gracias a las mejoras de las condiciones sanitarias, la nutrición y, en general, al nuevo estilo de vida. Como consecuencia de ello, la longevidad aumenta y, por tanto, disminuyen las tasas de mortalidad. A ello hay que contraponer la merma de la natalidad y, por qué no, la fuga de talento, lo que confiere una particular singularidad a este territorio: envejecimiento de sus habitantes y despoblación acusada. Y eso a pesar de la incesante y positiva llegada de migrantes, sobre todo procedentes de países del este europeo, Marruecos y Latinoamérica.
A nadie se le escapa que este proceso de envejecimiento plantea desafíos muy importantes para Castilla y León, incluida la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, la prestación de una sanidad de calidad y la adaptación de los propios servicios públicos para satisfacer las necesidades de una población cada vez más mayor. Por este motivo, la Comunidad ha sido seleccionada, junto a otros territorios similares de Europa, para formar parte de un proyecto piloto de transición demográfica, apoyado técnicamente por la OCDE.
Sin duda, esta selección constituye una oportunidad única para abordar los retos necesarios y, así, impulsar las capacidades en las principales áreas afectadas para neutralizar la marcha de ciudadanos en edad laboral y, de paso, fomentar la cohesión en el entorno de la Unión Europea. Las experiencias piloto elegidas servirán para acertar en la implementación de las mejores estrategias posibles y frenar esa incesante caída.
Lo sabemos, no es tarea fácil, al menos a corto plazo, a pesar del apoyo de Europa. Y no lo será porque contamos con un escenario demasiado enquistado como lo es una población relativamente pequeña y dispersa, con una alta cuota de personas en edad avanzada, el continuo éxodo rural hacia las urbes más pobladas y la continua peregrinación de jóvenes a otras comunidades o países en busca de nuevas oportunidades y, lo más importante, nuevos proyectos de vida.
La distribución de la población en Castilla y León tiende sin remedio a la desigualdad territorial, con mayores concentraciones en las principales ciudades y en sus áreas urbanas de influencia, mientras que son muchas también las zonas rurales que, como si se tratara de un grifo abierto, van perdiendo vida. Y lo peor es que este reparto poblacional incidirá cada vez más en una desproporcional prestación de servicios públicos y la aprobación de políticas de desarrollo.
¿Estamos abocados a ello? Los factores de competitividad, digitalización y otros parámetros que impactan en la economía y la justicia social son suficientemente inquietantes como para no abordar este asunto como una cuestión de Comunidad, ajena a partidismos reinantes. Llevar a cabo esta transformación será compleja y de una considerable envergadura, aunque merece la pena su intento.