Durante el último año, a pesar del aumento del valor de las producciones agrarias hasta situarse en la cifra récord de unos 63.000 millones de euros, la renta agraria experimentó una reducción por encima del 5%, en línea con lo sucedido en campañas anteriores. Atrás quedaron los años de vacas más gordas.

A la hora de analizar esta situación, en la parte más visible de este comportamiento negativo de la rentabilidad de las explotaciones agrarias se halla en primer lugar el incremento de los precios de los medios de producción en un porcentaje en el último año superior al 50%. En este ámbito destacan los fertilizantes, la energía, la maquinaria o los servicios, además de los piensos. Cabe destacar además que los costes ya supusieron el pasado ejercicio más del 50% del valor de la producción agraria, frente a porcentajes que apenas superaban el 30% hace poco más de una década. Producir cuesta más cada día y ello, en muchos casos, no se traduce en un aumento de los precios de venta.

Aunque la situación es grave, la realidad es que la caída de las rentas en las explotaciones no es solo y simplemente un problema de costes, que también, sino el ejemplo de la dificultad de agricultores y ganaderos para hacer frente a estructuras más fuertes. No se puede dejar a un lado tampoco el manejo insuficiente por parte del propio sector de los instrumentos disponibles para defender de forma organizada la rentabilidad de su actividad mediante sus entidades asociativas en un contexto hostil por parte de industria y distribución.

Para reducir el impacto de esos elevados costes de los medios de producción en la explotación hay también otras medidas importantes, comenzando por un empleo más racional de los mismos, básicamente en las prácticas de laboreo o en el manejo de los animales. Y para ello una primera actuación indispensable pasaría por una adecuada política de asesoramiento en el sector por parte las organizaciones agrarias y las cooperativas -que funcionaría mejor que el asesoramiento de quienes venden los medios de producción- para desarrollar estrategias más potentes y organizadas a la hora de la compra en común de los insumos.

La rentabilidad de la explotación parte de una adquisición adecuada en precio y cantidad de producto o de la elección de la potencia de la maquinaria. En este aspecto deberían jugar un papel más protagonista las entidades asociativas. Pero reforzar esa rentabilidad viene también de la mano de otro factor: una adecuada política de ventas organizada por los agricultores de forma individual; y ahí tiene su peso la Ley de la Cadena Alimentaria para impedir ventas sin contratos o por debajo de los precios de coste.

Hay instrumentos para ello y ahí está -o debería estar- la posición de los productores exigiendo contratos a los compradores, industrias u operadores comerciales y denunciando para evitar que estos impongan unilateralmente sus precios y que, a la postre, sean ellos quienes decidan la rentabilidad de una actividad. Esto sucede especialmente el sector de los cereales, en el que dominan los «contratos» de palabra que se inclumplen desde la parte más fuerte.

Requisitos verdes.

Por otra parte, la rentabilidad de las explotaciones depende ya -y dependerá más a muy corto plazo- del conjunto de exigencias en marcha en materia medioambiental, sostenibilidad de los suelos o bienestar animal (fundamentalmente para porcino, avicultura o conejos), suavizadas para entrar en vigor a finales de este año. También está subordinada al aumento de la burocracia en este momento, con la próxima entrada en funcionamiento del cuaderno digital de la explotación; desde septiembre de 2024 afectará a explotaciones con más de 30 hectáreas, para bajar las exigencias hasta las cinco hectáreas desde septiembre de 2025 para todas las explotaciones, con la excepción de algunas menores. Como se decía en el pasado tras la entrada en la UE, al agricultor o ganadero se le está exigiendo ya tener en casa una gestoría para mover papeles y hoy, a mayores, haber hecho un curso de digitalización y otro de destreza en internet.

La rentabilidad de la actividad agraria esta igualmente cercada por las futuras exigencias acerca del empleo de productos fito y zoosanitarios, para los que se exigirá una reducción de un 50%. Y esta restricción será del 20% en el empleo de fertilizantes, con los consiguientes efectos en materia de reducción de oferta, tanto en la producción agrícola como en la ganadera, y muy especialmente en sectores como el vacuno o la avicultura de carne y de puesta.

En la actividad agrícola, el reto se concreta en las medidas para proteger la sostenibilidad de los suelos, en muchos casos ya deteriorados por el abuso en la utilización de productos inorgánicos. En esta línea, lo más reciente que afectará al sector se está tramitando en el Parlamento Europeo y es la Ley de Restauración de la Naturaleza, por la que se aplicarán medidas de protección medioambiental en un elevado volumen de tierras de cultivo de la Red Natura. Para ASAJA, esta medida, sumada a la estrategia 'De la granja a la mesa' con el consiguiente recorte en el empleo de abonos y de productos fito y zoosanitarios, propiciará un escenario insostenible para el campo español y europeo a la hora de defender su continuidad desde posiciones competitivas.

En el sector no existe una posición radicalmente en contra del desarrollo de medidas encaminadas al bienestar animal, a la sostenibilidad de los suelos y, en definitiva, a conservar el territorio donde habitan agricultores y ganaderos. Pero se debe procurar igualmente la sostenibilidad de los agentes que viven en ese territorio, agricultores y ganaderos sin cuya presencia y actividad el medio no sería el mismo y que necesitan tener una explotación rentable para mantenerse en el medio rural.

No se entiende, en este mismo contexto, que Bruselas colabore igualmente en ese cerco a la actividad agraria tratando de imponer un cúmulo de exigencias en materia de sostenibilidad de los suelos, medio ambiente y bienestar animal con efectos directos que propiciarán una reducción de la producción y mayores costes mientras abre autopistas para la entrada de productos agrarios desde terceros países que ponen en peligro la viabilidad de las explotaciones comunitarias cuando estas importaciones llegan con algún tipo de problemas de sanidad vegetal, como los cítricos de Sudáfrica o animales con enfermedades que ya se daban por desaparecidas.

Con todos estos elementos que cercan al campo y otros más -básicamente la rentabilidad y los servicios en el territorio-, el sector tiene dificultades para el necesario relevo generacional, otra asignatura pendiente a pesar de los parches de la política sobre el problema.