Los últimos cinco años, la Unión Europea (UE) ha tenido a la agenda verde como uno de los pilares indiscutibles de su política, algo que han sufrido en sus carnes agricultores y ganaderos. De hecho, una de las razones principales de las protestas agrarias que se generalizaron por todo el territorio comunitario desde el mes de enero de este año era precisamente esa: la excesiva apuesta por una regulación medioambiental que no tenía en cuenta las consecuencias en la actividad diaria de estos profesionales, en su rentabilidad y, en definitiva, en la continuidad de las explotaciones.

Para el próximo lustro, y a juzgar por los comisariados propuestos por Ursula von der Leyen, parece que el mayor peso lo van a tener materias como ganar más relevancia geopolítica, reforzar la defensa o mejorar la competitividad de la UE frente a China y Estados Unidos. El timón de este último asunto estará en manos de la española Teresa Ribera, que además tendrá responsabilidades como vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva.

Poco apreciada por el sector agrario en los últimos años como ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, parece que en su nuevo puesto su influencia sobre las decisiones que afecten al campo comunitario será limitada. Uno de sus cometidos, al parecer, será supervisar que las políticas verdes de la UE no supongan pérdida de competitividad, más o menos lo contrario de lo que ha venido haciendo desde el Ministerio. Hace unos días, Pedro Barato, presidente de ASAJA, expresaba un sentir muy extendido: «A mí me preocuparía mucho que esta señora tuviera responsabilidad sobre la agricultura europea».

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha expresado por su parte que es una «excelente noticia para España y Europa» la propuesta de Teresa Ribera. Sin embargo, como era de esperar, desde el PP lo ven con otros ojos: les parece una «mala elección» y añaden que el PP no está «a favor de exportar sanchismo» fuera de España. Miguel Tellado, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha apostillado que «afortunadamente, pese al título rimbombante de la cartera que le han asignado a petición de Pedro Sánchez, tendrá muy limitado su afán sectario porque será una comisaria sin competencias. Las materias más sensibles a las que podría aspirar no están en sus manos».

Por otro lado, para el cargo de comisario de Agricultura y Alimentación, la presidenta del Ejecutivo comunitario ha propuesto (hay que dejar claro que estos nombramientos aún se tienen que confirmar) al luxemburgués Christophe Hansen. Von der Leyen ha explicado que será el responsable de acometer el Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura dentro del Colegio de Comisarios que, en sus cien primeros días de mandato, presentará sus conclusiones iniciales en esta materia.

Hansen, del PP europeo, es eurodiputado desde 2018 y tiene tablas en política local luxemburguesa, aunque también ha trabajado fuera de los focos en la UE, donde ha ejercido tanto como asistente parlamentario como de consejero en las diferentes representaciones de su país en Bruselas. Su, en principio, falta de experiencia en el ámbito agrario puede ser un obstáculo para el sector, aunque también un valor si se deja asesorar correctamente. Los próximos años dictarán sentencia.

Por lo que se refiere a la cartera de Medio Ambiente, una materia cuya legislación ha tenido mucha influencia en el campo en los últimos tiempos, la elegida como candidata a comisaria es Jessika Roswall, también del PP europeo. El comisariado lleva el nombre exacto de Medio Ambiente, Resiliencia del Agua y una Economía Circular Competitiva. Rosswall es la actual ministra de Exteriores de Suecia y diputada conservadora desde 2010.

Aparte de estas propuestas, llama la atención que el comisario de Sanidad lo va a ser también de Bienestar Animal durante esta legislatura. El nombre que ha planteado von der Leyen para ocuparlo es el de Olivér Várhelyi, representante de Hungría que ya ha tenido choques con la Comisión como comisario de Vecindad y Ampliación en los últimos cinco años y parece ser uno de los que lo tiene más complicado para ser ratificado. El bienestar animal y la normativa relacionada (eliminación progresiva de las jaulas, transporte…) ha sido un verdadero quebradero de cabeza para los ganaderos europeos en general y particularmente para los españoles. Los primeros meses seguramente sirvan para saber por dónde van a ir los tiros.

Unión de Uniones.

Por su parte, Unión de Uniones, la única organización agraria que ha reaccionado a estos nombramientos al cierre de estas páginas, se ha mostrado satisfecha con las propuestas von der Leyen. «Esperemos que el nuevo equilibrio de poderes en la UE sirva para atemperar el inmoderado desempeño ecologista que durante el pasado mandato de la Comisión hemos sufrido y que se reconozca y se valore en mucha mayor medida el papel estratégico de la agricultura y la ganadería europeas», han señalado desde la organización.

Unión de Uniones felicita a Hansen por su candidatura y reclama del nuevo comisario -si el Parlamento lo confirma- que impulse la agricultura europea con el cambio de orientación y las medidas valientes que los agricultores y ganaderos europeos han reclamado en las carreteras con sus tractores en los meses pasados para reforzar la posición negociadora de los productores en la cadena, eliminar trabas burocráticas y proteger el modelo de producción europeo frente a la competencia desleal exterior.

La organización espera, pues, reformas importantes en la regulación comunitaria de la cadena para combatir las prácticas abusivas y asegurar una remuneración justa a los agricultores y ganaderos por su trabajo y los bienes públicos que suministran; una verdadera simplificación de la PAC que, además, se centre en los profesionales del sector; que el nuevo comisario maniobre para implementar las cláusulas espejo en la política comercial de la Unión Europea; y que no se avance en tratados o acuerdos sin los necesarios estudios de impacto y la simetría en las condiciones de producción (Mercosur).

Por otro lado, Unión de Uniones espera igualmente de la sueca Jessika Rosswal que depure la política europeo relacionada con el sector agrario de exigencias ambientales innecesarias, o incluso contraproducentes, que redundan en mayores costes productivos para los agricultores y ganaderos europeos.

Con respecto al nombramiento de Teresa Ribera, la organización agraria pide que deje de lado el lastre ideológico que la ha llevado durante su mandato como ministra para la Transición Ecológica a liderar «una política belicosa contra la agricultura, manifestada no solo en actuaciones concretas, como la ampliación de la protección del lobo, el intento de prohibición de quema de rastrojos o la demolición de presas, sino también en su influencia en la deriva ambiental del Plan Estratégico de la PAC español o su apoyo acérrimo al reglamento de europeo de restauración de la naturaleza o la restricciones plasmadas en el Pacto Verde Europeo». «Podríamos decir que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, pero no es el caso», comentan desde Unión de Uniones.

Diálogo estratégico.

Respecto a uno de los mayores retos que ha de afrontar la Unión Europea en los próximos cinco años, la Comisión ha asegurado que garantizará que el presupuesto de la UE financie una Política Agraria Común con «el equilibrio adecuado entre incentivos, inversiones y regulación». Así lo ha asegurado este lunes la comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, durante un debate en el pleno de la Eurocámara dedicado al Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura, un panel que ha reunido a representantes del sector, comunidades rurales y profesionales universitarios. Ya a principios de este mes se entregó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el informe final de ese diálogo estratégico, que contenía una serie de recomendaciones sobre el futuro del sector agrario.

«Como la presidenta von der Leyen declaró en sus directrices políticas, la Comisión seguirá defendiendo una política de ingresos de la UE para los agricultores europeos y garantizará que el presupuesto de la Unión Europea financia una PAC más focalizada que encuentre el equilibrio adecuado entre incentivos, inversiones y regulación», ha añadido McGuinness. «Deberíamos seguir construyendo un sistema más justo desde el punto de vista económico, medioambiental y social», ha apuntado, para luego señalar que el diálogo también llama a implantar «soluciones administrativas inteligentes e inclusivas que limiten cargas administrativas innecesarias» para los agricultores. Ha recalcado, además, que la simplificación y reducción de la burocracia serán «prioridades clave» de la próxima Comisión Europea. Para finalizar, ha asegurado que «presentaremos nuestras ideas sobre el camino a seguir con la agricultura y la alimentación en los primeros cien días del nuevo mandato».

Brasil se revuelve contra  la normativa sobre deforestación importada.

Una normativa comunitaria aprobada en 2023, pero que estableció un plazo de adaptación que concluye en diciembre próximo, pretende evitar que las importaciones de la Unión Europea (UE) de ciertas materias primas y productos derivados, como el aceite de palma, el vacuno, la soja, el café, el caucho, la madera o el chocolate, causen deforestación en los países exportadores. La legislación establece que los exportadores de terceros países que quieran colocar sus productos en la UE tienen que atender una serie de complejos procedimientos de verificación para comprobar que su producción no proviene de áreas deforestadas.

Pero según el Gobierno brasileño, la complejidad de las exigencias hace inviable las exportaciones del país sudamericano, especialmente las de pequeños y medianos productores. Por ese motivo, Brasil considera la normativa como «unilateral» y «punitiva», y asegura que puede afectar hasta a la tercera parte de sus exportaciones. «Brasil es uno de los principales abastecedores para la UE de la mayoría de los productos objeto de la legislación, que corresponden a más del 30% de nuestras exportaciones al bloque comunitario», afirman los ministros brasileños en la carta que han enviado a la Unión Europea para pedir que suspenda la normativa comunitaria en cuestión.

El Gobierno brasileño alega que cuenta desde 2012 con un Código Forestal que es considerado como uno de los más rigurosos del mundo y con el compromiso asumido por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva de eliminar la deforestación ilegal en la Amazonía hasta 2030. «Para evitar impacto en nuestras relaciones comerciales, solicitamos que la UE no implemente la normativa a partir de finales de 2024 y que revise urgentemente su abordaje sobre el asunto», afirman los ministros remitentes, que han dado de plazo hasta el 1 de octubre para recibir una respuesta.

Se trata de un asunto espinoso, ya que la UE depende en gran medida de materias primas brasileñas tan importantes como la soja.