«La política hace extraños compañeros de cama». La frase que popularizó Churchill sigue siendo válida como atestigua la conocida ya como la «conjura de Fitur» donde el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page y los barones del PP Juanma Moreno (Andalucía), Carlos Mazón (Valencia) y Fernando López Miras (Murcia), sellaron una extraña alianza para exigir más dineros para sus zonas.
De hecho, gobiernos autonómicos del PP y del PSOE intensificaron en las últimas fechas su exigencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez para cambiar los criterios en el reparto, advirtiendo que, si no se convoca el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se pueden ir sucediendo nuevas cumbres paralelas entre barones como la de Fitur.
El origen de estas últimas presiones reside en un informe que presentó hace dos semanas la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), donde incide en la necesidad de modificar ya la financiación regional y apuesta por hacerlo en varias fases, comenzando por un fondo de nivelación de 3.000 millones para las Comunidades infrafinanciadas.
Es precisamente en este contexto donde Page, Moreno, Mazón y López Miras se conjuraron en Fitur para pactar una estrategia común de cara a exigir al Gobierno este fondo de nivelación, adelantando un cónclave entre los tres barones del PP, en la que esperan que también esté el castellano-manchego.
Sin embargo, hubo presidentes autonómicos, como el de La Rioja, que aseguró que la reforma del sistema de financiación interterritorial se tiene que hablar en los órganos multilaterales y no «en los pasillos» de ferias de turismo.
De hecho, el Gobierno riojano, del popular Gonzalo Capellán, cree que el fondo de nivelación no debe dirigirse solo a estas cuatro regiones. «Debe ser para todas las comunidades autónomas: para que mejoremos nuestra financiación de forma transitoria hasta que haya un nuevo sistema aprobado por las Cortes Generales que ya tenga en cuenta nuestras necesidades», apuntan.
Por su parte, el consejero de Hacienda de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, considera que la reforma del sistema de financiación «es un tema multilateral, de todas las regiones» y tiene muy claro que «no son asuntos bilaterales» que puedan tratarse entre dos.
Muchos de los gabinetes autonómicos recuerdan una cita celebrada hace años, denominada como Convención de Santiago, que fue promovida por el entonces presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo, y reunió a sus compañeros de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias.
En ella, acordaron pedir que se primen criterios como la dispersión poblacional para un reparto más equitativo de los fondos y muchos Ejecutivos autonómicos hacen referencia al texto pactado para definir su postura en la negociación del nuevo modelo.
Es el caso de Asturias, donde afirman que esta declaración, así como el texto acordado por todos los grupos del Principado, salvo Vox, «siguen plenamente vigentes».
«Asturias tiene un posicionamiento conocido al respecto de la necesidad de abrir cuanto antes la negociación de la financiación con vistas a que se diseñe un nuevo modelo que tenga en cuenta el coste real de los servicios públicos que prestan las Comunidades», afirman fuentes del Ejecutivo local.
Eso sí, el gobierno socialista de Adrián Barbón aboga por una revisión «negociada y consensuada» de forma multilateral.
Por su parte, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ya advirtió días atrás a Sánchez de que se podía celebrar una conferencia paralela sobre financiación con algunas de las regiones peor financiadas si no convoca una Conferencia de Presidentes para abordar el reparto de fondos a los distintos territorios.
En parecidos términos se expresó el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que avisó al jefe del Gobierno de que las conversaciones entre barones serán «cada vez más frecuentes» si no convoca órganos multilaterales como el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Sin embargo, el Govern catalán va en dirección contraria. Allí, insisten en que el acuerdo entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez incluye abrir en el primer trimestre de este año conversaciones bilaterales para una financiación singular para Cataluña. De hecho, recuerdan que la Generalitat está trabajando en una propuesta en este sentido para llevarla a esa negociación bipartita.