La estancia del presidente de Castilla-La Mancha en Madrid, para la inauguración de Fitur tuvo dos partes bien diferenciadas. En la primera se reunió de manera informal con los presidentes populares de Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, y en la segunda se despachó sobre la última reforma de la ley de amnistía y la relativización del terrorismo. Desde que Pedro Sánchez accedió a la secretaria general del PSOE y a la presidencia del Gobierno, Emiliano García-Page se ha constituido en un verso suelto del que es más fácil encontrar críticas hacia su partido y su líder que palabras de aceptación de su política, por lo que algunos de sus compañeros comienzan a verlo como un quintacolumnista.
En la reunión de García-Page con sus homólogos populares se abordó un asunto que preocupa a los cuatro, la infrafinanciación de sus comunidades autónomas y la exigencia de que se pusiera a su disposición un fondo transitorio de 3.000 millones de euros en tanto se reforma el sistema de financiación autonómica. Una petición no exenta de sentido salvo por el hecho de que otras comunidades del PP han rechazado ya esa posibilidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que el principal escollo para fijar un nuevo método deriva de las discrepancias entre los propios presidentes autonómicos populares. Cierto que las cuatro regiones mencionadas están infrafinanciadas, según Fedea, pero a partir de ahí los intereses de Castilla-La Mancha, no pueden ser más distante de los de las otras tres.
De hecho los socios populares de García-Page en materia de financiación autonómica no son las comunidades autónomas gobernadas por el PP bañadas por el Mediterráneo, que quieren que el sistema se renueve teniendo en cuenta de forma prioritaria el criterio de cantidad de población, sino las de la España vaciada -Galicia, Castilla y León, Extremadura, Aragón…- con las que ya ha hecho frente común en otras ocasiones, para las que los criterios esenciales de distribución de fondos deben ser el envejecimiento y la dispersión de sus habitantes.
En la segunda parte de la visita de García-Page a Madrid fue la ley de amnistía y el lugar que ocupa el PSOE con respecto a la Constitución lo que centró su discurso. Que al presidente castellano-manchego no le gusta que su partido tenga como socios a los independentistas catalanes y vascos es conocido, como tampoco las cesiones que ha tenido que hacer para permanecer en el Gobierno, pero con sus declaraciones, a veces, se encuentra más próximo a las posiciones del PP que a las del PSOE e incluso utiliza un lenguaje similar cuando lo sitúa "en el extrarradio de la Constitución", después de que Feijóo le haya retirado la condición de partido constitucionalista. A lo que no debe tener miedo García-Page es a que su partido le purgue, pese a que hay cansancio por su actitud aunque le reconoce que ha cumplido con su misión de vencer en las urnas a la derecha y la ultraderecha, porque en el transcurso del día él mismo se encargó de matizar sus declaraciones y hacer profesión de fe de preferir un gobierno progresista que gobierne con el menor coste posible. Pero ahí queda la advertencia del que fuera secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos: "Si no te sale ayudar al compañero, al menos no ayudes al adversario".