Ha terminado un año muy complicado para el campo. El clima, siempre azaroso para los labriegos, ha mostrado su peor cara, como evidencia el récord de indemnizaciones que va a tener que abonar Agroseguro: un 50% más que en 2022, que ya marcó máximo histórico. Y, por si esto fuera poco, los efectos del conflicto en Ucrania han seguido dando guerra -y nunca mejor dicho-, a lo que se ha unido la aplicación de una nueva Política Agraria Común (PAC) que no ha contentado al sector y muchas dificultades en todo lo referido a sanidad animal (viruela ovina, tuberculosis, EHE...). Demasiados frentes abiertos que han complicado sobremanera mantener la rentabilidad en muchas explotaciones agrarias y ganaderas.

Expresiones como «infierno burocrático con la nueva PAC», «inestabilidad» o «descorazonador» dominan los balances que han hecho las organizaciones profesionales agrarias. Según UPA «los datos lo confirman: 2023 ha sido el peor año de la historia -desde que hay registros- en lo que respecta a la meteorología. Esto ha provocado graves pérdidas en sectores muy importantes de la agricultura española, especialmente en el olivar, el cereal y el viñedo, con reducciones de hasta el 50% del valor de la producción, y con efectos claros en toda la cadena alimentaria, en forma de encarecimiento de los precios a los consumidores».

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha realizado su informe del año 2023 sector por sector, con un balance que califican de «descorazonador». La organización admite que la cifra global de renta crece un 11% respecto a 2022, pero aclara que este fenómeno se explica por el comportamiento de las frutas y hortalizas, el porcino y la producción de leche, sectores que aportan más de 41.000 millones del total de unos 65.000. Sin embargo, otros sectores de enorme importancia para España, como los cultivos herbáceos, el olivar o el viñedo, han tenido reducciones «brutales» debido a la mala meteorología, lo que ha disparado las cifras de los seguros agrarios, tanto en contratación como en indemnizaciones.

Un año marcado por el climaEn este contexto, los agricultores y ganaderos han conseguido cubrir de forma mayoritaria sus costes de producción que, a pesar de haber bajado respecto a 2022 un 4,6%, se mantienen en niveles «disparados» en comparación con 2020 y 2021, según UPA. La Ley de la Cadena Alimentaria -con sus sanciones públicas y el nuevo registro de contratos- ha dejado su efecto positivo en un año además muy complejo marcado por la sequía. Se demuestra que es y será una herramienta clave en el futuro de la cadena alimentaria, destacan desde la organización.

Para UPA, la PAC ha comenzado a aplicarse con un enorme esfuerzo por parte de los técnicos de las organizaciones agrarias, que se han encontrado con numerosas dificultades en la tramitación. Pero también es cierto, añaden, que la nueva legislación deja efectos tangibles ya en el campo español, «desmintiendo a las voces agoreras que llevan años tratando de torpedear la reforma. Se demuestra, una vez más, la capacidad de adaptación, resiliencia y progreso de los agricultores y ganaderos españoles frente a los diversos cambios legislativos que les van afectando».

Según COAG, el 11% de aumento global en la renta agraria al que alude UPA se queda en un 5,5% en términos reales. Y añade que comparando la renta agraria real de 2023 con la de la media de los últimos cinco años (2019-2023) se puede observar que se encuentra un 1,1% más alta, pero «si abrimos el foco y observamos la evolución en términos reales desde 2003 se puede concluir que, en 20 años, el sector ha perdido un 15% de la Renta Agraria».

En cuanto a la PAC, COAG sostiene que, desde el punto de vista del agricultor y ganadero, se ha incrementado de una forma desmesurada la complejidad regulatoria y las exigencias aplicables a la actividad agraria, constituyendo por sí mismas un impedimento para la viabilidad de la agricultura profesional e independiente constituida fundamentalmente por microempresas, además de suponer un coste adicional. A esto se une la continua generación de normativa ambiental que incide directamente en la actividad agraria. Según la organización, el Plan Estratégico de la PAC que ha preparado el Ministerio de Agricultura «ha resultado decepcionante. España ha desaprovechado el amplio margen de actuación que tiene para respaldar el modelo profesional y social agrario, mayoritario en nuestro país».

Por lo que se refiere al clima, COAG destaca que el escenario de sequía severa se ha extendido por toda la España seca, produciendo importantes pérdidas en diferentes tipos de cultivo. «Con especial gravedad cabe destacar, por encima de cualquier otro, los daños en los cultivos de cereal en tierras de secano, que han sufrido pérdidas de entre un 60% y 80%». La ganadería también se vio fuertemente afectada al encontrarse los pastos de primavera totalmente perdidos, provocando un fuerte aumento de los precios del forraje. La apicultura también cierra un año negativo, y suma dos años consecutivos con fuertes pérdidas, aclara la organización agraria.

Pero no es solo cuestión de sequía. COAG hace hincapié en otro fenómeno que está siendo recurrente: lluvias torrenciales que «en poco o en nada están ayudando ni al campo ni a la reposición de los embalses puesto que se están registrando en zonas muy específicas y además producen enormes daños»"; y eso por no mencionar el pedrisco. Afortunadamente, «las lluvias de otoño han beneficiado especialmente a los cultivos leñosos y a los sectores ganaderos por el enriquecimiento de los pastos».

ASAJA.

El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, también ha hecho balance de este 2023. «Hemos pasado un año complicado desde el punto de vista hidrológico. Tenemos que apostar, cada uno en la medida de lo que pueda, para que las obras de infraestructuras lleguen y para que nuestros acuíferos se recarguen», ha comentado. También se ha referido al complicado año que han pasado los agricultores con sus cosechas de cereal, calificándolo como «catastrófico». No han corrido mejor suerte los ganaderos, que han sufrido las consecuencias de enfermedades como la viruela ovina y caprina, la tuberculosis o la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE).

Barato ha asegurado que lo que el agricultor y ganadero persiguen es tener productos de calidad y que tengan un valor razonable para poder vivir con normalidad. También ha pedido apoyo para los que se quieran incorporar a la actividad agraria y poder asegurar el relevo generacional. Por último, el presidente de ASAJA ha exigido menos burocracia para «facilitarle las cosas al agricultor».

Por su parte, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha destacado una caída generalizada en la producción de todos los sectores, y muy brusca sobre todo en algunos tan importantes como cereal (34,7%), vino y mosto (20,8%) y aceite (58,65), pero también en producción animal (2,5%). La organización apunta que los precios, si bien han sido elevados en determinados momentos, «alcanzan sus picos cuando el agricultor ya no tiene la producción en sus manos. Un ejemplo es el de las cotizaciones de cereales, donde los precios eran muy elevados hasta su cosecha, cuando se desploman, por lo que el agricultor no recibe el precio medio del cereal durante todo el año, sino a partir de cosecharlo». Con esos datos se demuestra que «la renta agraria quizás no es tan récord, o ni siquiera es de récord, como últimamente nos acostumbra el MAPA a anunciar todos los años, haya una sequía catastrófica e histórica o no», denuncia Unión de Uniones.

La organización hace referencia a que «después de la espectacular subida de costes de 2022, este 2023 han seguido elevados. Las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania y la sequía provocan ese aumento. Fertilizantes, piensos, combustibles o electricidad siguen con precios altos». En el lado positivo, hay que señalar que el Gobierno mantiene para 2024 las minoraciones en el IRPF del 35% para el combustible y del 15% de los fertilizantes, que ya se han venido aplicando en 2022 y 2023 debido al encarecimiento de los costes de producción, señalan.

Unión de Uniones también denuncia que las ayudas públicas para contrarrestar los efectos de la guerra en Ucrania y la sequía han sido totalmente insuficientes ante la magnitud del impacto y además han dejado fuera a sectores importantes pese a tener también un incremento de costes. «Lo más destacable se resume en los productores de viñedo y olivar, que no han recibido ningún tipo de ayuda», a pesar de que la organización lo ha reclamado (sin éxito).

Otro punto que también ha querido destacar Unión de Uniones es el mal funcionamiento de la cadena alimentaria demostrado desde su última reforma. «Si nos quedamos en más observatorios y más seguimiento, pero no se toman medidas efectivas para que la ley se cumpla, los agricultores y ganaderos, que somos el eslabón más débil, seguiremos con precios por debajo de nuestros costes», señalan.

También manifiestan que, «a punto de concluir el primer año de la nueva PAC, el balance de aplicación es más que negativo por la elevada burocracia y las exigencias inútiles para cobrar cierta parte de estas ayudas, que además no se priorizan en las personas que se dedican profesionalmente al sector agrario, abriendo las puertas a perceptores que incluso ni viven en las zonas rurales».

Sobre la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), la organización recuerda que Agricultura no ha planteado ni una sola medida para que los ganaderos puedan afrontarla de una mejor manera, salvo la modificación de un par de Reglamentos comunitarios. «La dejadez y pasividad del Ministerio es total al respecto y está dejando en la estacada a los ganaderos, ya muy afectados por la sequía y los elevados costes de producción».

Retos para 2024.

Los pequeños y medianos agricultores y ganaderos españoles afrontan 2024 con grandes incertidumbres, sobre todo en materia meteorológica, pero también en otros muchos aspectos. UPA está reclamando ajustes en la PAC para adaptarla a la realidad del campo español. Cuestiones como permitir efectuar tratamientos en los barbechos, realizar labores superficiales en determinados casos, mantener la reducción de los porcentajes mínimos obligatorios de superficie rotada o que haya una revisión al alza de la admisibilidad de pastos para favorecer a la ganadería extensiva son medidas «necesarias para los agricultores», según la organización.

Otro reto muy importante para 2024 será seguir reforzando las políticas contra el despoblamiento, con especial atención a los jóvenes y las mujeres, como los grupos de población más vulnerables y necesarios para garantizar el futuro del medio rural. UPA espera también que en este 2024 se den pasos adelante importantes en la redacción de la Ley de la Agricultura Familiar, otra reivindicación histórica de la organización que «debe ser uno de los pilares del progreso sostenible de los pueblos y las familias que, viviendo y trabajando en ellos, se dedican a producir alimentos».

Por su parte, Unión de Uniones exige clarificar la representatividad agraria mediante la consulta electoral estatal, prevista en la legislación y bloqueada desde hace 10 años. «Sobre este asunto hemos acudido a los tribunales para garantizar el derecho de los agricultores y ganaderos a elegir democráticamente a sus representantes y va a ser un asunto que el Ministro no va a poder ya eludir», ha indicado la organización. Tras los resultados del pasado 12 de febrero en las últimas elecciones al campo celebradas en Castilla y León «nos mantenemos como la única organización agraria representativa en todas las comunidades autónomas donde se han celebrado elecciones agrarias y la segunda fuerza más votada, muy lejos de la tercera». La organización también pedirá a las diferentes Administraciones que establezcan políticas que permitan un mayor relevo generacional en el campo, así como más apoyo a las mujeres para que la titularidad compartida sea una realidad y no se quede en «papel mojado» como hasta ahora, con solo 1.233 mujeres incorporadas desde 2011.