El avance marcial del presidente Sánchez y el PSOE al que representa hacia la aprobación de una 'ley de amnistía' que nadie respalda, salvo quienes se van a beneficiar de ella borrando sus delitos de corrupción y terrorismo o perpetuándose en el poder, parece irreversible. El bloque de investidura está solo y oficia una patética ceremonia de legitimación que únicamente encuentra un punto de encuentro en el interés de detentar el poder, ya sea por la vía activa (el propio Ejecutivo) o pasiva (quienes desangran a los demás para obtener un beneficio espurio de su apoyo parlamentario). La Comisión de Venecia no ve ni el alcance ni el fondo de la cuestión. No al menos sin una reforma constitucional que a día de hoy es imposible por la falta de las mayorías cualificadas. Los jueces, fiscales -todos menos el 'dependiente' Álvaro García Ortiz y sus adláteres-, la abogacía, los letrados de las cámaras que no están a sueldo de sus jefes políticos... Nadie que pueda defender un mínimo de independencia se traga una ley abyecta redactada por un delincuente fugado para dinamitar los principios constitucionales y la igualdad entre los españoles.

Ayer, el Senado, donde el PP tiene una mayoría que le permite dilatar pero no evitar la aprobación definitiva de la ley, anunció la presentación de un conflicto institucional que será elevado al Tribunal Constitucional por entender que la norma que el Congreso ha remitido a la Cámara Alta constituye una reforma constitucional -ahí converge con la interpretación de la Comisión de Venecia- soterrada. En definitiva, el PP activa todos los recursos a su alcance para dilatar la aprobación de la 'ley'.

Paralelamente, los secesionistas anuncian su órdago para exigir al PSOE de Pedro Sánchez una Hacienda propia. Junts y ERC, que bajo su yugo de nacionalismo exacerbado han hecho languidecer todos los servicios públicos y han acumulado una deuda estratosférica mientras sus jugaban a ser Napoleón, exigen más, y lo exigen sabiendo que quien puede dárselo es arcilla en sus manos. Lo siguiente, porque así lo han dicho por activa y pasiva los portavoces de Puigdemont y los republicanos, es la autodeterminación. Eso que Sánchez, el mismo que prometió sentar a Puigdemont en el banquillo usando a la Fiscalía General que ahora manosea de forma pornográfica, dice que no es posible. Sus interlocutores, lógico, se mofan de la palabra del presidente. Así las cosas, la única incógnita que queda por despejar es si Sánchez tiene límite y, en el exótico supuesto de que lo tenga, dónde está. El detrito de la convivencia en España está alcanzando unos límites que van a convertir en una broma las esencias del fracasado proceso de independencia. Y todo, por insultante que resulte, en nombre de la convivencia.