Que la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, que dirigió la vista oral del 'procés' y de su compañero del mismo tribunal, Pablo Llarena, instructor de todo el proceso judicial, se hayan manifestado en contra de la aplicación de la ley de amnistía a los responsables políticos de aquella fase de la política catalana, era previsible. Desde el mismo momento en que Pedro Sánchez cambió de criterio y se dispuso a amnistiar a Carlos Puigdemont et all de aquel intento secesionista, y tras las continuas reformas que tuvo que sufrir el redactado de la ley a renglón seguido de las nuevas diligencias dictadas por jueces de instrucción para ampliar los supuestos amnistiables, se intuía o se conocía perfectamente, que no eran partidarios de la aplicación de la ley aprobada por mayoría absoluta por el Congreso.

Y como era previsible donde unos ven un intento de dinamitar la aplicación de la ley con unos argumentos jurídicos más o menos acertados, más o menos imaginativos, más o menos relacionados con los hechos juzgados y sentenciados, otros muestran su satisfacción porque los jueces han vuelto a ser el último valladar que protege el estado de Derecho, la integridad territorial y la igualdad entre todos los ciudadanos. Fueron en su día a el muro al que se encomendó el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ahora hay quienes consideran que, con su inaplicación, la ley de amnistía será la tumba del sanchismo, porque los 'indepes' retirarán el apoyo parlamentario a Pedro Sánchez y Salvador Illa no será presidente de la Generalitat.  

Con la doble decisión de la Sala de lo Penal y del juez Llarena para no amnistiar a Puigdemont y otros comienza la fase de recursos que también se sabe dónde va a acabar, en el Tribunal Constitucional y en la justicia europea, por lo que el asunto coleará a lo largo de muchos meses. Sobre la primera instancia, el PP ya se ha puesto la venda antes de la herida, en un movimiento preventivo que pone en duda la imparcialidad del alto tribunal, obviando las consecuencias sobre su prestigio. ¡Que suerte que los políticos tengan la memoria tan corta y las hemerotecas no les afecten!, porque las dudas sobre la independencia de los magistrados del TC son extensibles a unos y otros según su procedencia. Ocurre que, porque otro bloqueo era intolerable, el sector progresista es mayoritario, y porque de los tres últimos nombramientos instados por el PP, no se puede predicar que no tengan vínculos directos con Génova.

Por tanto, es previsible que el TC acabe quitando la razón al Tribunal Supremo con el consiguiente revuelo de togas en las alturas y que finalmente sea la justicia europea quien determine si hubo una afectación a sus finanzas por un proyecto independentista que no se materializó y duró escasos segundos. No hay nadie procesado por el Brexit que, eso sí, produjo un boquete en la economía de la UE. Para entonces habrá pasado mucha agua bajo los puentes y lo que ahora es motivo de diatribas y especulaciones políticas sobre las consecuencias de las decisiones del Supremo, para entonces solo afectará a la vida personal de aquellos para los que estaba pensada la amnistía. Y Cataluña y la política nacional habrá pasado por numerosas vicisitudes. Y quizá los jueces españoles hayan resuelto, para entonces, las distintas interpretaciones sobre cómo aplicar la ley de amnistía.