Cuando una empresa presenta un proyecto que necesita utilizar el espacio público, el Ayuntamiento, antes de conceder las correspondientes licencias, debe aprobar un permiso especial llamado concesión demanial que, en la práctica, habilita a la compañía para que haga uso de un bien que es de todos los palentinos. 

Sin esa concesión demanial no se debe ni puede conceder licencias, tal y como recoge el artículo 98 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, que dice textualmente que «un ayuntamiento denegará las licencias urbanísticas cuyo otorgamiento produzca la ocupación ilegal del dominio público».

Cuando en julio de 2020, la Concejalía de Urbanismo concedió a la empresa Eco Energías la primera licencia para extender su red de calor en la ciudad; y cuando en julio de 2022 otorgó a Iberdrola la suya para el mismo fin, en sendos casos el Ayuntamiento debió aprobar el permiso para que cada compañía abra las calles y ocupe el subsuelo con sus tuberías para su negocio y beneficio.

Sin embargo, el Consistorio no lo hizo. No aprobó ninguna concesión demanial ni a Iberdrola ni a Eco Energías, que sí comenzó a extender su red de calor a golpe de licencias de obras que la permitían construir en el subsuelo, pero sin poseer el permiso exigido por la ley para ocupar un espacio de la ciudad que, aunque no se vea, también pertenece a todos los palentinos. 

El cómo fue posible que el Ayuntamiento, entonces gobernado por el Partido Popular y Ciudadanos, y, en particular, la Concejalía de Urbanismo, al frente de la cual estaba el popular Luis Fernández, permitieron que Eco Energías llevase a cabo su proyecto de red de calor sin el permiso exigido por la ley para ocupar el dominio público a la vez que creía que tenía una «autorización implícita para ocupar el dominio afectado» fue la pregunta que retumbó durante el pleno de ayer. 

«Desaguisado». La sesión extraordinaria convocada por el actual equipo de Gobierno de Miriam Andrés sirvió para arreglar el «desaguisado» con las redes de calor del que se percataron el pasado junio y que obligó a la Concejalía de Urbanismo a ordenar a Eco Energías paralizar las obras en octubre.

La solución pasó por la aprobación -con la abstención del PP y el voto en contra de Vox- de sendos pliegos de condiciones para otorgar a Eco Energías e Iberdrola la concesión demanial para el uso privativo anormal del dominio público local para implantar sus sistemas colectivos de calefacción y agua caliente.

De todos los que ayer se sentaron en el salón de plenos, el más capacitado para explicar por qué este trámite no se realizó y se llegó a «una situación jurídica que como poco es irregular» -en palabras del edil de Hacienda, Carlos Hernández- era, sin duda, Alfonso Polanco, entonces teniente de alcalde y máximo responsable del Grupo Popular y, por lo tanto, de lo que hacía y dejaba de hacer la Concejalía de Urbanismo. 

No lo hizo. Fue Víctor Torres, entonces concejal de Deportes y Juventud y hoy portavoz del PP, el que utilizó el argumento más manido en el Ayuntamiento cada vez que ha surgido un problema de calado, llámese Sector 8 o calle Jardines:«Todos los informes técnicos eran favorables».

«Basta con conocer las licencias que han dado a Eco Energías para saber que contaban con informes favorables del servicio de Obras e Infraestructuras, del Sepeis, de Urbanismo, de Medio Ambiente, de Patrimonio, de Administración Tributaria... y hasta donde este grupo conoce, sin reparo alguno», aseveró Torres. 

«Pero es que no tienen el permiso para utilizar el dominio de todos los palentinos. Es que es evidente que solo tienen una mera licencia de obras», le contestó Carlos Hernández, responsable de Hacienda y Patrimonio.

«Alucinando». «Estamos alucinando», aseveró Marta Font, concejala de ¡Vamos Palencia!, que calificó de «extrema» la gravedad de lo ocurrido y no dudó en preguntar cómo era posible «estar ante unas obras que ya están ejecutadas y prestando un servicio ocupando suelo público sin contar con el título fundamental que las autoriza que es la concesión demanial».

«Se ha ignorado deliberadamente todo un procedimiento legal y se ha permitido a una empresa privada actuar sobre el dominio público como si fuese de su titularidad con total impunidad por parte del equipo de Gobierno anterior. Alegar desconocimiento es tildarnos a todos de tontos», sentenció la edil, que exigió «que se tire del hilo y se depuren responsabilidades».

«Se tiene que tirar del hilo para saber lo que ha ocurrido» porque «este es un caso flagrante de cómo se hacen las cosas mal en esta casa», sostuvo también la portavoz de Vox, Sonia Lalanda, que, sin embargo, rechazó dar su apoyo sin un debate previo sobre por qué el modelo de prestación de este servicio elegido por el PSOE es el otorgamiento directo a las empresas y no otro como la libre concurrencia -que también propuso ¡Vamos Palencia! para el caso de Iberdrola-, o por qué la concesión es por 50 años y no 75, por ejemplo. 

«No hay ningún documento, ningún informe que explique todo esto», sentenció la portavoz de Vox, que intentó sin éxito antes de votar no que el expediente quedase sobre la mesa para el siguiente pleno. 

Izquierda Unida-Podemos también exigió sin éxito que el PP «entonara el mea culpa» por «convertir un proyecto tan importante e interesante para Palencia en un problema». «Es una tremenda chapuza y ojalá no vuelva a gobernar nunca el PP», aseveró Rodrigo San Martín. 

«Son muchas áreas y muchos servicios y es muy difícil y no hay tiempo material para ver paso a paso cada tramitación», argumentó también Víctor Torres, quien dudó de que lo ocurrido «sea responsabilidad del concejal de turno».

Pese a las críticas, el único atisbo de reconocimiento de un error por parte de la bancada popular fue recordar al equipo de Gobierno que ellos también cometieron uno con un expediente en una comisión de Cultura. Como si ambos casos fueran remotamente comparables.