La financiación singular para Cataluña se ha adueñado del debate político sin que se haya comunicado a ciencia cierta en qué consiste porque forma parte de la estrategia negociadora del Gobierno con ERC, bajo la atenta mirada de Carles Puigdemont que la considera un chantaje un quid pro quo, con la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat como parte del trato, una cuestión menor frente al desiderátum de recaudar todos los impuestos y para siempre que plantea Junts.
En su programa máximo, tanto para ERC como para Junts, la financiación singular es un concierto económico similar al vasco recogido en la Constitución fruto de los derechos históricos de las comunidades forales. Esa es una línea roja que el Gobierno ha afirmado que no traspasará, de tal forma que no hay muchos datos para atisbar como se va a cuadrar ese círculo de posiciones tan aparadas a no ser que se imponga la racionalidad por parte del independentismo y la singularidad se circunscriba a la financiación real de las competencias asumidas por Cataluña o la ejecución de las inversiones pendientes. Porque el mensaje de Pedro Sánchez es que la financiación singular no será exclusiva para Cataluña, pero que tampoco se volverá al café para todos, y aun así cualquier atisbo de bilateralidad despierta los recelos y las críticas del resto de las comunidades autónomas del régimen común de financiación autonómica, pese a que los dirigentes políticos ni se han plantado sentarse para encontrar una fórmula que desatasque esta reforma pendiente. Sin conocer en que consiste la financiación singular y sin propuestas de financiación autonómica por parte del PP resulta imposible cuadrar el círculo sobre un asunto de extraordinaria relevancia para los ciudadanos por cuanto de que se consiga depende la financiación de los servicios públicos.
En el mundo independentista quedan por aclarar cuales van a ser las relaciones entre Junts y ERC y como se compaginan sus distintos intereses. El prófugo Carles PUigdemoint, a expensas de que el Tribunal Supremo aclare cómo se le aplica la ley de amnistía busca la repetición de las elecciones catalanas con una lista única del independentismo con la que, en su caso, recuperar la mayoría social y política, una posibilidad que no aparece en el horizonte con los resultados de las pasadas autonómicas y las recientes europeas. Ni juntos ni separados ERC apuesta por una repetición electoral, y en cualquier caso tiene que decidir qué quiere hacer, si saca algún beneficio de políticos que les compense de la acusación de botiflers por su cercanía al PSC, una cuestión que divide a un partido fracturado sobre su liderazgo y sobre cómo se relaciona con el Gobierno. Cuando no se asumen los resultados electorales y el independentismo ha quedado herido, su reacción puede ser fiera y una nueva convocatoria electoral en Cataluña supondría un nuevo paréntesis hasta el mes de octubre, como poco.
Y esa fiereza es la que condiciona que se cuadre el círculo de la gobernabilidad del país. Un acuerdo con ERC que haga a Illa presidente catalán puede suponer que Junt retire o condicione aún más su apoyo al Ejecutivo de coalición y que impida la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 20125, que eso sí, dejaría herida de muerte la continuidad de la legislatura.