Falta poco más de un mes para el 27 de noviembre, fecha límite para que "alguien" sea investido presidente, y no solo hay cansancio en el PSOE por unas negociaciones que impregnan toda la vida nacional, sino que España entera está harta de tanta ida y venida, declaraciones y réplicas, iniciativas electoralistas que no conducen a nada y filtraciones destinadas a lanzar mensajes tranquilizadores a una población que quiere saber, necesita saber, que se está negociando. Una población a la que no convence ya la reiteración con la que dicen los socialistas, desde el parlamentario autonómico al presidente de gobierno: lo que se acuerde con los posibles socios será "legal y constitucional".

No se lo creen ni ellos. De hecho, se asiente la idea -porque lo dicen fuentes habitualmente fiables- que apuntábamos días atrás: se aprueba la investidura de Sánchez con una ley de amnistía que no hay experto que la considere constitucional, se presenta recurso ante el TC … y se conocerá la decisión del TC dentro de unos años. Que será de inconstitucionalidad, pero que echen un galgo a los amnistiados, porque la resolución recogería que no tenía carácter retroactivo.

Qué menos que el presidente de gobierno en funciones, quienes negocian en su nombre, o él mismo, tengan un poco de respeto por los ciudadanos y por el parlamento, y que esas negociaciones en las que se decide el futuro de España, no solo quién va a gobernar en los próximos años, se haga con una mínima luz y taquígrafos. Qué menos.

El oscurantisimo es siempre una mala estrategia, sobre todo cuando algunos de los que forman parte de la negociación no quieren actuar con discreción sino que, para lograr sus objetivos, dan la versión que les interesa para intentar así quedar bien ante su público. Y al mismo tiempo presionan a la otra parte, en este caso el gobierno, para que ceda más de lo que en principio estaba dispuesto a ceder. Aunque el asunto está dando la vuelta en las últimas semanas, y que los independentistas catalanes alardeen de sus exigencias y de la buena disposición socialista, está provocando que un sector de votantes socialistas empiece a preguntarse si vale la pena seguir apoyando a un Sánchez que lleva al partido al abismo. No se trata ya de lealtad a las siglas, sino de supervivencia de España como nación.

No hay ninguna seguridad de que Sánchez sea investido presidente, tampoco de que finalmente se celebren elecciones. Y no se sabe qué tipo de ley de amnistía y referéndum -que no se llamarán así- está pactando con Puigdemont. Por no saber, tampoco sabemos si Puigdemont dará su apoyo a Sánchez de cualquier manera porque cree que con Feijóo le será todo más difícil.

Cerca de la fecha límite, estamos los españoles hartos de hacer quinielas, de esperas, de bulos, de noticias inquietantes y del desdén del gobierno a los ciudadanos ocultando qué negocia exactamente con los que buscan escindirse de España.