Como en tantas ocasiones lo peor son las excusas para no reconocer un error o para no tratar de enmendarlo, y tanto el Gobierno como el PP compiten en poner sobre la mesa argumentos que llevan a la desinformación, una vez más cuando el terrorismo de ETA se convierte en arma arrojadiza en la contienda política, porque los principales partidos son incapaces de recordar lo que dijeron cuando la banda terrorista mataba y porque su sola mención todavía reporta réditos electorales. Incluso cuando el PP se olvida de mencionar el terrorismo en las elecciones vascas.
El Gobierno desinforma cuando trata de colar que la norma que va a votar el Senado del próximo día 14 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, fue avalada por el Consejo de Estado cuando el gobierno de Mariano Rajoy la sometió a consultas sin decir a continuación que el PP la enmendó y que ese órgano no se pronuncia sobre las enmiendas de los grupos parlamentarios. Como la reforma que va a dar lugar a un nuevo estudio de la ejecución de las penas a los terroristas de ETA que han cumplido parte de su condena en Francia procede de una enmienda de Sumar, los socialistas bien podrían haber mantenido la misma salvedad para no aplicar la directiva europea a los etarras condenados en Francia y luego enviados a España, máxime cuando la justicia europea había avalado que las condenas no se computaran conjuntamente.
La petición por parte del PP, con su presidente a la cabeza, para que el gobierno retire la ley va a caer en saco roto pese a las apelaciones a que el PSOE no se convierta en un "estercolero moral" y les servirá de argumento para reforzar la idea del 'pacto encapuchado' con Bildu. Pero este no es, pese al dolor de las víctimas, más que otro episodio en la utilización partidista del terrorismo de ETA, que dejó de matar en 2010, y en el que los partidos, lejos de aplicarse a cerrar las heridas causadas lo utilizan en su propio beneficio: el Gobierno para amarrar los votos de EH Bildu en el Congreso, y el PP para aumentar la presión por ese flanco sobre el PSOE.
La polémica y la tensión creada en estos días con respecto a la revisión de las penas de los etarras se habría producido hace un año si los diputados del PP y Vox hubieran estado atentos a la tramitación de la ley y ahora no tendrían que admitir el error injustificable de que no supieron ver lo que se les venía encima, porque no son solo las consecuencias de su falta de diligencia a la hora de la probable excarcelación de etarras, sino que una parte de su labor de oposición basada en la utilización del terrorismo se les ha venido abajo -dentro de poco quedará la especie de que el PP ha contribuido a la reducción de la condena de Txapote"-, y la pregunta al aire sobre "quien está al mando", también le hace mucho año, con importantes nombres del partido señalados por el fiasco.
Días después de que saltara la sorpresa sigue siendo difícil determinar si la futura aprobación de la norma fue una trampa del Gobierno tendida con alevosía a las claras del día, si hubo pacto con EH Bildu, si se trata de una muestra más de la compra de votos, de la falta de principios de Pedro Sánchez o si verdaderamente el PP no se dio cuenta de lo que se estaba tramitando, por tener las anteojeras puestas en lo que pasa alrededor del prófugo Puigdemont. Y lo que ha quedado de manifiesto es que el equipo de Feijóo está muy verde para según qué cosas.