Los dineros de los partidos ultra suelen estar en cuestión. Se mantiene la sospecha sobre las ayudas de Venezuela o Irán a Podemos, y Vox no tiene muy claras sus finanzas, hasta el punto de que el Tribunal de Cuentas le impuso una multa de más de 200 mil euros por financiación irregular en 2019. Aunque la situación más oscura es la relacionada con un partido cuyo nombre ya es una pista sobre su organización e ideario: Se Acabó la Fiesta, cuyos simpatizantes llevan con gusto el sobrenombre de las ardillas.
Su líder Alvise, de nombre real Luis Pérez Fernández, es un listo sevillano que comprendió rápido el poder de las redes sociales. Hizo una fortuna con las criptomonedas -eso dicen, las criptos son difíciles de controlar- y además logró 800 mil votos en las elecciones europeas y 3 escaños en el Parlamento Europeo, aunque carece de programa y proyecto ideológico.
Parece que su objetivo es burlarse de la clase política, y a ello dedica su tiempo libre. Dijo que no acudiría al Europarlamento pero va; dijo que sortearía su sueldo de eurodiputado -más de 8 mil mensuales- pero lo cobra, también se mostró dispuesto a sortear su apartamento en Bruselas, pero lo mantiene... Un fantasma, en la acepción más cómica de la palabra. Hasta que llegaron las denuncias.
Las estudia la Audiencia Nacional, para ver si efectivamente mantiene relaciones con una empresa de criptomonedas que se mueve bien en el mundo piramidal, en el que siguen cayendo ingenuos, a pesar de que es sobradamente conocido que ese tipo de negocios provoca ruinas masivas. La Audiencia actúa con cautela porque Alvise es aforado, y si existen indicios de posible delito, debe pasar el caso al Supremo. Pero de momento sí hay algo que parece serio: la empresa de criptos entregó a Alvise 100 mil euros para su campaña electoral. Que no declaró aunque estaba obligado a hacerlo.
Tampoco son buenos tiempos para Vox. Provocó toda clase de especulaciones cuando abandonó el grupo parlamentario europeo de Meloni, muy influyente, para irse al que promueven el húngaro Orban y la francesa Marine Le Pen. No se comprendió aquel gesto, pero aparecen ahora motivos económicos en esa decisión: Vox ha reconocido como ciertas las noticias que recogían que un banco húngaro había concedido dos préstamos a Vox para las campañas de autonómicas y municipales, y las generales. Total, 9,2 millones de euros. Vox ha alegado que acudió a un banco húngaro porque no conseguía ayuda de bancos españoles.
Nada que objetar, pero la ley obliga a informar al Tribunal de Cuentas de todos los dineros, electorales y no electorales, incluidos préstamos con nombre del banco, cantidades, intereses y fechas de amortización y cancelación. Y cuando se publicó la información, esos datos no se habían presentado al Tribunal.
La política es cosa seria. No siempre están los mejores, ni los más capaces. Pero hay que eliminar de forma implacable a los payasos, los delincuentes y aprovechados.