Piquetes, barricadas, incendios y saqueos se llevan produciendo desde hace más de una semana en Nueva Caledonia, en escenas que recuerdan a lo sucedido en junio de 2023 cuando jóvenes de las periferias francesas se rebelaron tras la muerte del adolescente magrebí Nahel durante un control policial.

Ahora, la violencia ha llegado hasta el Pacífico sur, donde se ubica este territorio situado a 17.000 kilómetros de París y oficialmente colonizado por Napoleón III en 1853. Allí, una propuesta de reforma constitucional que permitiría a los ciudadanos franceses votar en las elecciones locales ha causado gran descontento entre los aborígenes canacos y una ola de disturbios que se ha saldado ya con seis muertos -dos gendarmes- y 280 detenidos, lo que obligó a París a decretar el estado de emergencia en la zona.

En un intento de poner fin al caos, el presidente Emmanuel Macron llegará hoy a Nueva Caledonia junto a sus ministros del Interior, de Defensa y de Territorios de Ultramar para recuperar el diálogo entre los independentistas y los partidarios de la continuidad, según explicaron fuentes del Elíseo al anunciar ayer el desplazamiento.

En el avión presidencial viajan también tres altos funcionarios que han tratado la cuestión de Nueva Caledonia en distintos puestos durante los últimos mandatos, y que conocen muy bien la idiosincrasia política de dicha región.

«El Gobierno sigue trabajando en la construcción de una solución política para el territorio», explicó la portavoz del Ejecutivo galo, Prisca Thevenot, en relación con la reforma planteada desde la Francia continental, que deberá recibir el visto bueno del Parlamento antes de que finalice junio.

Por su parte, el primer ministro, Gabriel Attal, tiene previsto visitar Nueva Caledonia en las próximas semanas, mientras que la extensión del estado de emergencia no ha sido sometida aún a debate por parte del Consejo de Ministros. 

La presencia de Macron supone «una primera respuesta» para «reanudar un diálogo tranquilo y sereno», valoró el Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista, organización que engloba a los partidos separatistas del territorio, que hizo un llamamiento a la calma para lograr «un retorno a la normalidad» a largo plazo.

Pero también advirtió al Estado francés sobre «los métodos de intervención» de las Fuerzas policiales y aseguró que no tolerarán «ningún exceso ni desbordamiento» en caso de que actuaran «fuera del marco legal». «Esta crisis solo puede tener una respuesta política» a través de un acuerdo que ponga en marcha «una última etapa de programación del acceso a la independencia», señaló en un comunicado.

Así, pidió la congelación de la reforma constitucional porque teme que pueda diluir el peso de los nativos (aproximadamente el 40 por ciento de la población).

Mientras, las calles de Nueva Caledonia siguen inmersas en el caos y en la última noche fueron incendiados un concesionario con 300 coches y dos escuelas. Además, el territorio sufrió ayer un ciberataque de «un alcance inédito», con millones de correos electrónicos enviados desde distintos países para intentar saturar la red, según anunció el Gobierno regional.

La «solución más sabia» sería «hacer una pausa» ya que, de lo contrario, si los incendios persisten cada noche «pronto no quedará nada», sentenció la alcaldesa de la capital Numea, Sonia Lagarde.