El Parlamento de Reino Unido ha aprobado este martes de madrugada el plan del Gobierno para deportar a solicitantes de asilo a Ruanda tras reconocer al país africano como un destino seguro después de meses de debates y críticas por parte de la oposición.
Tras la introducción de una serie de enmiendas, la Cámara de los Lores ha votado finalmente a favor del plan, que pasará a ser ley después de que el rey Carlos III otorgue el consentimiento real, según ha publicado la cadena de televisión británica BBC.
"La aprobación de esta legislación histórica no es solo un paso adelante, sino un cambio fundamental en la ecuación global de la migración", ha destacado el primer ministro del país, Rishi Sunak, según un comunicado de su Oficina.
Sunak ha explicado que el proyecto de ley está encaminado a "disuadir a los migrantes vulnerables de hacer travesías peligrosas y romper el modelo de negocio de las bandas criminales que los explotan", destacando que no podrán quedarse en el país aquellos que lleguen "de forma ilegal".
"Nuestra atención se centra ahora en hacer despegar los vuelos, y tengo claro que nada se interpondrá en nuestro camino para conseguirlo y salvar vidas", ha añadido.
Por su parte, el ministro de Interior de Reino Unido, James Cleverly, ha asegurado que se trata de un "momento histórico" para detener las llegadas de migrantes irregulares a través del Canal de la Mancha.
"La ley impedirá que se abuse de la justicia utilizando falsas alegaciones de Derechos Humanos para bloquear las deportaciones", ha añadido en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Asimismo, ha destacado que el Parlamento británico ha demostrado ser "soberano" al rechazar las medidas provisionales impuestas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que paralizó 'in extremis' la entrada en vigor del proyecto de ley en junio.
"Prometí hacer lo necesario para despejar el camino para el primer vuelo y eso es lo que hemos hecho. Ahora trabajamos día a día para que los vuelos despeguen", ha añadido.
Unas horas antes, el primer ministro británico, Rishi Sunak, había aseverado que los vuelos de deportaciones comenzarían en menos de tres meses "pase lo que pase".
Negativas de la ONU y Europa
Los altos comisionados de Naciones Unidas para los refugiados y los derechos humanos reconocieron este martes que están alarmados por la aprobación final en el Reino Unido de una ley que permitirá la expulsión de refugiados a Ruanda, ya que restringirá la posibilidad de que los tribunales británicos examinen correctamente las decisiones de expulsión.
Además, dijeron que los solicitantes de asilo tendrán un margen limitado para apelar incluso si su expulsión a Ruanda pone su vida en riesgo, por todo lo cual pidieron al Gobierno británico que reconsidere este plan y en su lugar "tome medidas basadas en la cooperación internacional y el respeto de los derechos humanos" para enfrentar los flujos irregulares de refugiados y migrantes.
Para la ONU, la nueva ley también tendrá repercusiones muy negativas "en el reparto de responsabilidades a escala mundial, en los derechos humanos y en la protección de los refugiados".
Por su parte, el Consejo de Europa ha expresado este martes su preocupación por la ley adoptada en la Cámara de los Comunes de Reino Unido y ha emplazado a las autoridades británicas a no llevar a cabo expulsión alguna, ante la posibilidad de que implique violaciones de Derechos Humanos y en materia de Estado de derecho.
El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, ha reconocido en un comunicado que la gestión de los flujos migratorios es "complejo" para cualquier Estado, pero ha subrayado que cualquier medida debe respetar los estándares internacionales.
Teme que, tal y como está redactada la ley, puedan ser expulsados de Reino Unido migrantes que requieran protección y sin una evaluación previa de su solicitad de asilo, al tiempo que ha cuestionado que se restrinja el margen de las personas afectadas de solicitar reparaciones o de la justicia para realizar exámenes "independientes". En este sentido, ha recordado que la Convención Europea de Derechos Humanos, firmada por Reino Unido, garantiza el principio de no devolución y el examen de posibles abusos.
O'Flaherty ha cuestionado, además, que la reforma dé margen a las autoridades británicas para decidir si acata medidas cautelares dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), cuando éstas son "vinculantes". El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ya ha deslizado en varias ocasiones la posibilidad de no cumplir los dictámenes del TEDH, que ya frenó 'in extremis' un primer intento de deportaciones.
Para el comisario, la ley se suma a la "tendencia creciente hacia la externalización de la política de migración y asilo en Europa", un "motivo de preocupación" en la medida en que merma los derechos de los refugiados.