La petición es del exministro de Administraciones Públicas y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla. El primer cargo lo ejerció durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y para el segundo fue nombrado por Pedro Sánchez. O sea que más que un socialista "histórico" podría encuadrarse entre los "veteranos" que por cuestiones de edad y militancia salieron a apoyar a Sánchez en los últimos meses, como contrapeso a los de la generación previa a los que les cuesta votar a su propio partido y a los que no se les escucha nada favorable a la acción de gobierno de los actuales rectores del PSOE.
Los "históricos" del PSOE, Felipe González, Alfonso Guerra, Nicolás Redondo Terreros, y otros más que no tienen problemas para encontrar altavoces a sus críticas, consideran de una forma u otra que la amnistía a los encausados por su participación en el 'procés' independentista no solo no cabe en la Constitución, sino que supone una enmienda a la totalidad a la Transición y un ataque a la justicia y a las instituciones nacionales. Los juristas debaten sobre su encaje constitucional y buscan resquicios y argumentos que validen esa posibilidad, mientras otros cierran el paso a su viabilidad y se suman a quienes desde el ámbito político lo consideran un despropósito del que no hay precedentes en ningún país democrático. Tampoco les falta razón a quienes tratan de buscar soluciones políticas a un problema político, pero han de adoptarse sin estirar las costuras constitucionales como un chicle, que diría Felipe González.
Antes de comenzar a hablar de la posibilidad de esa forma de alivio penal para quienes participaron en un golpe de Estado que pretendía separar a Cataluña del resto de España habría que aclarar lo que ha dicho el negociador por parte de Sumar, Jaume Asens, con respecto a la amnistía contradiciendo a Carles Puigdemont, con quien extemporáneamente se entrevistó su jefa de filas, Yolanda Díaz, cuando afirma que la amnistía no es la condición para comenzar a negociar, como dijo el expresidente de la Generalitat fugado, sino que es la estación término de esta negociación. Y en segundo lugar, el único elemento que puede jugar a favor de la concesión de la amnistía es el compromiso de los autores de la declaración de independencia fallida de que no lo volverán a hacer, pero Puigdemont en su carta de exigencias reiteró que no está dispuesto a renunciar a la unilateralidad. De esas actitudes que desprecian el gesto del borrón y cuenta nueva sabe mucho la sociedad española que vio como tras la amnistía con la que se inauguraba la Transición, ETA seguía matando y lo hizo con más saña en los años siguientes.
Ante el chantaje que ha explicitado el expresidente de la Generalitat, mediador incluido, y después de que los partidos políticos de izquierda y nacionalistas hayan allanado el camino al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, el PSOE y Sumar no debieran ceder ni un ápice ni avanzar por la senda de la concesión de una amnistía de unos delitos gravísimos que desde el independentismo se disfrazan de ejercicio de libertad y de derechos humanos que no están recogidos en ninguna parte. Por el contrario, debiera aceptar el órdago, no ceder a las pretensiones de Junts a las que ha arrastrado a ERC, y activar la convocatoria de nuevas elecciones, en las que el independentismo sentiría el desgaste por el bloqueo. También se aclararían otro par de asuntos: si la amnistía forma parte del programa electoral pro parte el PSOE, y hasta el punto al que está dispuesto a llegar el PP en el "nuevo encaje" de Cataluña en el modelo territorial del que ha hablado su líder, Núñez Feijóo.