El expresidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera confirmó en su declaración ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Valladolid que juzga el caso Perla Negra, que no tuvo conocimiento de la compra del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda hasta un encuentro privado que mantuvo con Pablo Trillo en septiembre de 2008, en el que entonces vicepresidente de la Agencia de Inversiones y Servicios (ADE) y miembro del consejo de administración de Gesturcal, le trasladó sus «inquietudes» sobre la operación y, especialmente por considerar que los precios que se estaba barajando eran «elevadísimos».

Herrera, que contestó por espacio de 20 minutos a las preguntas del abogado del entonces viceconsejero de Economía y después secretario general de la Consejería de Economía y Empleo, Rafael Delgado, uno de los principales inculpados en la causa y para quien la Fiscalía pide once años de cárcel, afirmó que no recordaba en el contexto en el que se celebró la reunión con Trillo, pero sí apuntó que en la misma le trasladó que pediría información directa al entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva. Además, Herrera negó que después de la entrevista con Trillo mantuviera algún encuentro con los responsables de la Consejería de Hacienda.

En su declaración, Herrera también defendió la gestión del consejero de administración de Gesturcal y aseguró que fue un acierto confiar en las personas que estaban detrás de esta empresa pública. «Los errores que se hayan podido cometer y que estamos conociendo se producen cuando se prescinde del consejo de administración», aseguró, para recalcar que la operación para unificar las sedes de ADE tenía sentido y era «coherente» con la línea de trabajo que la Junta.

Preguntado por si la compra del edificio de Arroyo fue una decisión política, Herrera aseguró, según recoge Ical, que no, que se trató de una decisión basada en la valoración de datos, precios y circunstancias de un consejo de administración «bandera», formado por personas «muy cualificadas, expertas y que ofrecían garantías y seguridad», opinión que, según reconoció, se la trasladó al propio Villanueva.

Mientras tanto, preguntado sobre si la operación de los terrenos de Portillo se enmarca dentro de los planes de la Junta para reactivar la economía fruto de la crisis económica del año 2008, Herrera indicó que el plan de inversiones elaborado por la Junta en un «momento de crisis pavorosa» buscaba un impulso económico, especialmente en el sector de la construcción, con un esfuerzo inversor, pero matizó que en el caso de la promoción de suelo industrial estaba dirigido más a la urbanización de los terrenos ya adquiridos que a la compra de suelo.