Vocación. Esa es la palabra que guía a muchos abogados a inscribirse en el turno de oficio, un servicio de la abogacía que permite garantizar la justicia para aquellas personas que no tienen los recursos económicos suficientes para costearse un letrado.
«Formar parte del turno de oficio es algo puramente vocacional, voluntario y que considero un servicio a la sociedad», relata a Diario Palentino la abogada Arancha Pérez, quien forma parte del turno general y el específico para casos de violencia de género desde hace más de 20 años.
Una motivación similar es la de la letrada Teresa Alonso, quien desde niña supo que su pretensión era ayudar «a los que más lo necesitaran». «Como adulta, me planteé que el turno de oficio es realmente ayudar a las personas garantizando sus Derechos Fundamentales, el verdadero pilar del Estado de Derecho», apunta al respecto.
Las dos abogadas admiten a este periódico haber vivido momentos profesionales «muy gratificantes», si bien también manifiestan algunas reivindicaciones. «Muchos de nuestros defendidos son conscientes de nuestro esfuerzo y agradecen profundamente el trabajo, la atención y el interés que mostramos por la defensa de sus intereses. Sin embargo, es evidente que, institucionalmente, nuestra labor no se reconoce como debiera», critica Alonso, quien en paralelo subraya que su función debe ser «eminentemente jurídica y no administrativa».
Siguiendo la misma línea, Pérez reconoce haber vivido experiencias de clientes con «situaciones personales muy complicadas, y que son especialmente agradecidas». En el lado opuesto de la balanza, lamenta que «alrededor del 17% de la población desconoce la existencia de este servicio», en alusión a los datos que arroja el Observatorio de la Justicia Gratuita elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española.
MEDIO RURAL. Desde el turno de oficio muestran pesimismo de cara al número de adscritos en los partidos judiciales del medio rural, a saber, los de Cervera de Pisuerga y Carrión de los Condes. Así lo transmite Pérez, quien hace hincapié en el descenso de letrados en el servicio fuera de la capital.
Y es que los desplazamientos, a juicio de los letrados, no se ven compensados, siendo esta una de las principales reclamaciones del turno, más si cabe dada la extensión de la provincia. «El servicio se garantiza gracias al pundonor y la profesionalidad de los compañeros que forman las listas del turno de oficio, quienes, con unos honorarios ridículos, sin que se les pague ni disponibilidad general ni kilometraje, ni la totalidad de las actuaciones que se llevan a cabo, recorren una vasta provincia como la nuestra para que ninguna persona se quede sin asistencia jurídica cuando lo necesita, a cualquier hora del día o de la noche, por muy lejos que esté», recuerda Alonso.
En la misma línea se pronuncia Pérez, quien asegura que «la principal dificultad es que la inmensa mayoría de abogados que prestamos el servicio somos ejercientes y residentes en Palencia, y compatibilizamos el turno de oficio con nuestro ejercicio profesional particular». «Estar de guardia, tanto en Palencia, Carrión y principalmente en Cervera supone dedicar cuando menos toda la mañana, sino el día completo, a prestar dicho servicio, con el desplazamiento que ello supone», argumenta.
Esta situación se acentúa en el caso del turno de violencia de género, en el que hay un único abogado de guardia para toda la provincia. «Te pueden llamar desde cualquiera de los tres partidos judiciales; de cualquier puesto de la Guardia Civil de la provincia o de la UFAM de la Policía nacional. Hay algunos días que ello resulta verdaderamente complicado; y si a ello le unimos que se nos abonan únicamente dos asistencias a víctimas de violencia de género, no más, haya las que haya ese día, corriendo la tercera o sucesivas asistencias por cuenta del letrado, se comprenderá fácilmente que el número de compañeros adscritos a este turno vaya descendiendo paulatinamente», señala Pérez.
NUEVA LEY. Pese a aplaudir la entrada en vigor de la nueva ley de Derecho de Defensa, ambas abogadas lamentan «no haber aprovechado esta oportunidad» para materializar otras reclamaciones.
«Debería abordarse de manera urgente una reforma de la Ley 1/1996 de Justicia Gratuita para dignificar las condiciones de nuestro colectivo, algo que entiendo que esta ley no hace», propone Pérez. «Creo que era una oportunidad para haber realizado una mejora de muchos aspectos del funcionamiento diario de la Justicia que no se han abordado», concluye Alonso.