Asaja reclama a la Junta de Castilla y León que estudie, aplique y financie ya soluciones reales y eficaces contra las plagas cíclicas de topillos y sus graves daños en la agricultura, que deben considerados también de importancia para la sociedad, al igual que lo son sus efectos sobre la salud humana, en particular el contagio de enfermedades como la tularemia.

Durante casi dos décadas los esfuerzos se han focalizado en diagnósticos y análisis del comportamiento de la especie, no en actuaciones que permitan un control verdadero de las «explosiones demográficas» que registra la provincia de Palencia desde la grave crisis de 2006 a 2008, la más importante en extensión, magnitud e incidencia.

José Luis Marcos, presidente de Asaja tuvo ocasión este martes de acudir a la jornada sobre el topillo organizada por la Diputación en Paredes de Nava. "El encuentro no ha hecho sino ratificar que la Consejería de Agricultura, el Observatorio de Plagas de su organismo ITACyL, y la labor científica que promueven diversas administraciones y universidades han arrojado la toalla en la pelea de evitar daños agrarios", aseguran desde la opa.

Imagen de un campo afectado por la plaga de topillos - Foto: DP

COMPENSACIÓN PARCIAL. Se dan por amortizados esos efectos, al «poder compensarse», por más que la experiencia constate que, en cualquier caso, el profesional del campo nunca alcanza una compensación acorde con los daños y los contratiempos, ni mucho menos; como tampoco los riesgos a los que se expone su salud y la de sus familias en los periodos de plaga.

Para Asaja, no cabe desvincular los efectos de la plaga del topillo en la salud humana de los que genera en las tierras. Todos forman parte del mismo problema, con idéntico origen y, hasta la fecha, idéntica falta de solución real, eficaz y verdadera. Dicho de otro modo, el modo de reducir el riesgo de enfermedades y de perjuicios al profesional del campo —que es quien más se expone también a problemas de salud, no olvidemos— es un control efectivo de esas «explosiones demográficas».

SEIS PLAGAS EN DOS DÉCADAS. De hecho, tras la primera plaga gravísima de 2006-2008, amplias áreas de la provincia de Palencia, en especial la Tierra de Campos, han padecido otras de diversa intensidad en las campañas 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 y 2016-2017, a la que se sumará otra este año, según preveían y reconocen ya los expertos científicos, la propia Consejería y el Itacyl.

Pasada la anterior plaga, el 5 de febrero de 2019 dictó la Consejería una orden una «estrategia de gestión integrada de riesgos derivados de la presencia del topillo campesino» en Castilla y León. La norma ha cumplido cinco años, y sus medidas se han revelado totalmente insuficientes para los objetivos de «minimizar los riesgos» y una «mejor protección de los cultivos» que en teoría se planteaba aquella «gestión integrada».

Asaja denuncia que además ha recaído en los propios agricultores gran parte de las «buenas prácticas» y otras acciones allí recogidas, lo que les añade costes de variado tipo, cuando no resultan contradictorias con medidas que plantea la Política Agraria Común. Es más, como profesionales que acuden sistemáticamente al campo y confiados en el supuesto efecto de esas acciones, son quienes las han aplicado con más buena fe, regularidad y constancia, lo que ha acentuado una decepción y un desánimo lógicos ante la llegada de otra plaga este año.

UNA ESTRATEGIA FALLIDA. «Más que una gestión integrada —afirma José Luis Marcos—, quieren imponernos una sugestión integral; que pensemos que ya existe una solución real y eficaz, pero esa estrategia es fallida, ya llevamos cinco años aplicándola, otra más, tras casi dos décadas de estudios, seguimientos, análisis, observaciones y pronósticos de lo que ya vemos».

«No hace falta que nadie nos cuente a los agricultores que este año, o el otro, hay más topillos en el campo —concluye Marcos—, porque nosotros pisamos el terreno, y somos los primeros en ver cómo avanza el problema y, desgraciadamente, los primeros en padecer las consecuencias, las económicas y, en los peores casos, también en arriesgar la salud. Por eso, como colectivo reclamamos a la Junta que aporte y financie ya soluciones reales y eficaces».