Ayuso presenta el recurso contra la Ley de Amnistía

Agencias
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La presidenta madrileña asegura que el texto es contrario a la Constitución y pide recusación de Conde-Pumpido, Campos y Díez. Once autonomías gobernadas por el PP se han sumado a la estrategia conjunta liderada por Génova

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una foto de archivo - Foto: J.P.Gandul

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha presentado este lunes ante el Tribunal Constitucional el recurso de contra la ley de amnistía, junto a las recusaciones de los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez, "por su pública y notoria vinculación con el PSOE", lo que les "inhabilita", según la presidenta madrileña, "para enjuiciar la constitucionalidad" de esta norma.

Así lo ha avanzado Díaz Ayuso en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha cargado contra esta ley "escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña, arbitraria y obscenamente inconstitucional".

Según Díaz Ayuso, esta norma "supone otro paso más" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en su operación de la destrucción del Estado de Derecho para seguir en el poder por la mínima".

Tras el aval solicitado en el mes de junio a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, el Gobierno madrileño ha presentado el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía en la estrategia conjunta liderada por Génova a la que se han sumado las 11 autonomías gobernadas por el PP.

"Ni en el PP ni en la Comunidad de Madrid íbamos a quedarnos de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política de la historia de nuestra democracia. Una ley escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña", ha expresado la dirigente madrileña.

También ha anunciado que el Gobierno de la Comunidad ha presentado las recusaciones de los magistrados del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez, entre otras razones, "por su pública y notoria vinculación con el PSOE, partido que presentó solo la amnistía, lo que les inhabilita para enjuiciar la constitucionalidad de esta ley".

Y ha añadido que este es el motivo por el que el exministro Campo "ha pedido abstenerse del debate que se va a mantener este martes" sobre la norma.

"Como ya avisé, haremos todo lo que está en nuestra mano para que no puedan atropellar nuestra Constitución y hundir a España", ha zanjado.

Díaz Ayuso ha señalado que en la tramitación parlamentaria de esta ley, además, "se han infringido preceptos de la Constitución y del Reglamento del Congreso de los Diputados y esto ha dado como resultado una reforma encubierta de la Constitución Española", al que, según la presidenta madrileña, no sucede "ni en las dictaduras".

Cantabria, Aragón, Murcia y Andalucía presentan recursos

Siguiendo a la Comunidad de Madrid, el Parlamento de Cantabria ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía porque, a su juicio, "vulnera el principio de igualdad entre los españoles". Así lo ha informado este lunes en rueda de prensa la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, que ha explicado que en el recurso se pide que se anule todo el texto de esta ley orgánica.

Una decisión, ha recordado González Revuelta, que cuenta con el apoyo "unánime" de la Cámara cántabra, a excepción del Grupo Socialista -Vox votó a favor y PRC se abstuvo de la PNL del PP-; y "democráticamente responde también al sentir de la mayoría de los ciudadanos de Cantabria".

Se trata de la segunda vez en la historia del Parlamento que éste presenta un recurso de inconstitucionalidad, lo que evidencia, según su presidenta, la "excepcionalidad" y la "trascendencia" que tiene esta decisión.

Según ha señalado González Revuelta, que confía en que el recurso sea admitido a trámite, "la Constitución prohíbe, literalmente, los indultos generales y la Ley de Amnistía tiene todos los elementos".

Por otro lado, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han presentado este lunes el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía en Cataluña, basado en dos ideas fundamentales. Por un lado, en la vulneración del principio de exclusividad e independencia del Poder Judicial y de la separación de poderes; por otro, en la vulneración de los principios de igualdad, legalidad, seguridad jurídica, seguridad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que conlleva la infracción de la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.

El texto presentado por el Gobierno de Aragón considera que se produce "una quiebra total del Estado de Derecho, consagrado en el artículo 1 de la Constitución, por vulneración del valor superior de la justicia y el principio de separación de poderes, de modo que se excluye del control judicial al poder político".

De acuerdo con el texto constitucional, corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con independencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo admitiéndose como única excepción el indulto individual.

La Ley Orgánica publicada infringe el principio de separación de poderes, en cuanto supone la sustitución del poder judicial por el poder legislativo. No en vano se ha tratado de justificar la necesidad de esta ley sobre la base de la conveniencia de "desjudicializar" la situación.

Además, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado que el Gobierno autonómico presentará este lunes el recurso de inconstitucional contra la Ley de Amnistía, que ha calificado de "vergonzosa", al considerar que genera "más desigualdad entre españoles" y "vulnera la separación de poderes". También el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno ha presentado este lunes ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley de amnistía y la recusación de los magistrados Cándido Conde Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez.

Moreno ha anunciado esta medida en un acto en Lucena (Córdoba), en el que ha dicho que se trata de "un atropello ante un derecho fundamental ante el que Andalucía no puede, no debe y no va a mirar hacia otro lado".

Fuentes del Ejecutivo autonómico han informado de que también se pide la recusación de los tres magistrados.