Hasta ahora, cualquier ciudadano podía ejercer su derecho a la rectificación con respecto a lo que un medio de comunicación publicaba si transgredía ciertos límites. A partir de ahora, también podrá ejercerse dicho derecho ante las plataformas digitales y los «usuarios de especial relevancia» de redes sociales que tengan más de 100.000 seguidores en una red o más de 200.000 en todas las plataformas en las que estén presentes. Y es que el Gobierno ha sacado adelante un anteproyecto de ley para actualizar el derecho a la rectificación para abarcar las publicaciones en estas nuevas formas de comunicación, tan en boga en la actualidad y cada vez más importantes en la conformación de una sociedad. El objetivo es adaptar ese derecho –ya tocaba, por cierto– a la jungla salvaje en la que se ha convertido internet y responder así al impacto que los bulos tienen en la democracia. «Los ciudadanos tenemos derecho a defendernos de los buleros profesionales», defendió ayer ante los medios el titular de Justicia, Félix Bolaños, tras el Consejo de Ministros. 

Respecto a los nombres propios de esos creadores de opinión, el Ejecutivo prefiere guardar silencio, aunque «todos sabemos quiénes son; están ahí y se dedican a enfangar», comentó Bolaños, que sostuvo la naturaleza «imprescindible» de esta medida para «promover una mayor calidad en el debate público». Y es precisamente eso, el debate, lo que está servido con este nuevo paso al frente de la nave que capitanea Pedro Sánchez, y es que este anteproyecto de ley relativo al derecho a la rectificación puede interpretarse como un trocito de ese pastel que el presidente prometió en su día como plan de regeneración democrática. Este engendro encontró su génesis tras la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez, y cuando los casos de corrupción empezaban a salpicar a parte de su Gobierno y su partido. De hecho, el plan se maduró en aquel célebre retiro, podríamos decir que hasta espiritual del presidente, y todo para combatir lo que él mismo calificó como «máquina del fango». 

Cierto es que al caos desinformativo que reina en internet era necesario ponerle coto. Pero no ahora, hace ya mucho tiempo. Ahora bien, también hay que entender que aquella información incómoda para el Gobierno que publican los medios no tiene por qué ser, sí o sí, fake news. Sánchez, además de utilizar este plan de regeneración como una cortina de humo para distraer a la opinión pública en uno de sus peores momentos al frente del Ejecutivo, espera encontrar vía libre para, en cierta medida, extender su control sobre los medios privados y, al mismo tiempo, tirar por tierra los titulares que desde hace ya varias semanas son misiles directos a su línea de flotación. Con Aldama cantando el que presuntamente puede ser el mayor caso de corrupción de los últimos tiempos, la regeneración debería iniciarse por otro lado.