UGT reclamó hoy a la Junta de Castilla y León la actualización de la ley de Función Pública, ya que la que está vigente data del año 2005 y ni siquiera está adaptada al Estatuto Básico del Empleado Público, así como la aprobación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de las distintas consejerías, a la vez que advirtió que con estos "incumplimientos" la administración autonómica está cercenando derechos básicos de los funcionarios como son los concursos de traslado o los procesos de promoción.

El secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, además de criticar la "discriminación" que sufren los funcionarios por parte de la Junta, argumentó que el objetivo del sindicato es "dignificar" el empleo público, "enterrar leyendas" y demostrar que los funcionarios son una "pieza fundamental" a lo largo de la vida de las personas.

Urueña también lamentó que no es lógico que la Junta, el primer empleador público de Castilla y León, sea la administración que peor trate a sus empleados, y apuntó que lo único que provoca la falta de una relación de puestos de trabajo es que de desde la administración se puedan hacer "trampas" en la contratación y los traslados.

Por su parte, el secretario de Administración Autonómica y de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Carlos Arenas, explicó que en el año 2017 los tribunales de justicia anularon una RPT aprobada por la Junta y que desde entonces esta normativa sigue "durmiendo en el limbo de los justos". A su vez, indicó que en abril del pasado año presentó una propuesta a los sindicatos para que presentaran alegaciones, pero puntualizó que desde una reunión celebrada el pasado mes de junio, "no hemos vuelto a tener noticia".

Sobre la Ley de Función Pública, Arenas explicó que la actual normativa autonómica data de 2005, por lo que no tiene en cuenta las directrices que marca la norma superior, el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado en 2007 y reformado en 2015. En este sentido, indicó que en 2022 la Consejería de Presidencia presentó un borrador a las organizaciones sindicales que se negoció hasta enero de 2023. "Ya llevamos un año sin saber nada de una ley que regula los derechos y las obligaciones de los funcionarios", sentenció.