Castilla y León volvió a situarse en el año 2023 entre las autonomías con menor producción normativa, con ocho textos legales, solo por detrás de Cantabria, seis, y Asturias, siete. La Comunidad repitió el número de normas de 2022, cuando fue la comunidad que menos producción legal tuvo. Los dos últimos ejercicios, con el gobierno de coalición de PP y Vox, la autonomía ha registrado la menor actividad normativa al menos desde el año 2014, según la serie que facilita un estudio de CEOE recogido por Ical, lejos de las 18 de 2020.

En conjunto, las autonomías españolas sacaron el año pasado 291 leyes, con un descenso del 14,4 por ciento, respecto a las 340 de 2022. A la cabeza en producción normativa se situaron el año pasado, Navarra, 30; País Vasco, 28; Aragón,26 , y Andalucía, 23. El documento de la patronal precisa que en España, el Gobierno sacó 683 normativas de distinto rango, un 19,6 por ciento menos que en 2022, pero en un contexto «muy limitado» durante casi la mitad del año por las elecciones.

El estudio empresarial recoge también que el Boletín Oficial de Castilla y León, pese a la baja actividad normativa, publicó 79.892 páginas. Los boletines del conjunto de las autonomías, recogieron 1.036.760 páginas, las segunda cifra más alta de los últimos once años.

Fuentes de CEOE en la Comunidad, trasladaron a Ical, que es «evidente» que para el tejido empresarial, adaptarse y mantenerse al día con la legislación vigente supone «una dedicación considerable de recursos y esfuerzos que, sin duda, puede afectar negativamente a la competitividad». Aseveraron responsables empresariales que tampoco hay que olvidar que «la ingente producción legislativa en nuestro país es una de las mayores trabas para los emprendedores españoles y es también uno de los principales lastres para su productividad».

La organización empresarial reconoció que es cierto que Castilla y León está entre las autonomías con menor producción normativa, y que «sin duda, se está avanzando» en la simplificación y la reducción de trámites burocráticos, pero «aún necesitamos aumentar la coordinación entre las diferentes administraciones públicas y la reducción de las cargas administrativas». «Todavía queda mucho por hacer por conseguir una Administración más ágil», manifiestan de forma categórica desde la patronal.

«El número de leyes y páginas en el Boletín Oficial sigue siendo muy elevado, lo que nos indica que el empresariado se encuentra en muchas ocasiones en una situación de inseguridad jurídica, de falta de estabilidad regulatoria y calidad de la norma». En este punto, reivindicaron «la importancia de contar con unas garantías de estabilidad y de seguridad jurídica, claves para garantizar el derecho de propiedad y la libertad de empresa».

Calidad y claridad.

En esta línea, responsables de la patronal castellana y leonesa defendieron la «calidad y claridad» en el plano legislativo, «la necesidad de reducir cargas innecesarias o desproporcionadas para las empresas y eliminar barreras al libre establecimiento y ejercicio de la actividad empresarial».

«A nivel nacional, no puede ser que tengamos leyes a la carta, regulaciones a la carta, impuestos a la carta y cambio de leyes a la carta. Es imprescindible que traslademos confianza a los inversores, tanto nacionales como internacionales», sentenciaron los dirigentes empresariales.

CEOE en la Comunidad insistió en la importancia de establecer un marco jurídico «estable y confiable como pilar para el desarrollo económico y el bienestar social, siendo esta necesidad más patente en los contextos de incertidumbre política, que pueden afectar de manera negativa a la estabilidad empresarial, que es, en definitiva, en última instancia, el factor determinante de creación de empleo y de riqueza en la sociedad».

Por último, representantes de la organización empresarial autonómica alertaron de que la Unión Europea «no debería entrar en una espiral incontrolada de nuevas regulaciones». La Comisión Europea y los colegisladores, indicaron, «deben respetar los principios de mejora de la legislación y su aplicación práctica durante todas las fases del procedimiento legislativo para hacer frente a la complejidad normativa, la burocracia desproporcionada y los retos en la aplicación y la rendición de cuentas del ejecutivo de la Unión Europea».