El Consejo Fiscal ha acordado por unanimidad amparar a los fiscales del procés frente a las acusaciones por supuesto 'lawfare', si bien varios vocales se han desmarcado de la declaración institucional al verla insuficiente. Además, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha frenado un pronunciamiento oficial sobre la ley de amnistía, al considerar que excede las competencias del órgano consultivo y supondría interferir en el Poder Legislativo.

Según las fuentes fiscales consultadas, todos los miembros del órgano consultivo --tanto conservadores como progresistas-- han estado de acuerdo en conceder el amparo conforme al artículo 118 del Reglamento del Ministerio Fiscal, según el cual todo fiscal tiene derecho a "acudir en amparo al Consejo Fiscal cuando se considere inquietado o perturbado en el ejercicio de sus funciones".

Tras ello, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho una declaración institucional que ha ofrecido firmar a los doce vocales, pero los seis de la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria en la carrera-- y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se han desmarcado de la misma por considerarla insuficiente, sobre todo a la luz de los pronunciamientos realizados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto a los jueces y magistrados.

Según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE), solo la han suscrito las dos vocales natas --la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, y la inspectora jefe, María Antonia Sanz--. No obstante, fuentes fiscales señalan que los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) también se han adherido.

En dicha declaración, García Ortiz ha manifestado de "manera inequívoca, como corresponde a la más alta representación de esta institución, su apoyo y defensa a cualquier fiscal que pudiera verse perturbado en sus funciones, incluidos, por supuesto, cualquiera de los fiscales que han intervenido en las diversas causas relacionadas con el proceso independentista de Cataluña".

Además, ha reiterado lo que ya trasladó el pasado lunes a los nuevos fiscales, incidiendo en la importancia de "la lealtad institucional como elemento vertebrador" de quienes entienden que "el Estado social y democrático de Derecho es el mejor modelo de convivencia, como así ha sido desde hace más de 45 años".

"La defensa del Estado de Derecho es una función prioritaria de los y las fiscales en nuestra labor diaria ante los tribunales de justicia. El sometimiento al ordenamiento jurídico y el respeto de las instituciones públicas son la base de nuestra convivencia y del sistema democrático", ha añadido.

Sin "motivación política" 

El Consejo Fiscal ha analizado la solicitud formulada por los vocales de la AF, a la que se sumó el de la APIF, los cuales proponían la "aprobación del expreso amparo, reconocimiento y respaldo del Consejo Fiscal a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados o derivados del denominado procés, realizadas sin excepción conforme a la legalidad vigente y sin que quepa admitir en ellas desviación alguna por motivación política".

En su escrito, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, los seis vocales de la AF señalaban que, "con ocasión de la publicación del acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts (...), se ha puesto en entredicho la adecuación a los principios constitucionales de los fiscales que han intervenido y aún siguen interviniendo en los procesos judiciales afectados por tal proposición".

Se referían así a la parte del acuerdo que habla de crear comisiones de investigación parlamentarias para detectar posibles casos de 'lawfare' y depurar las responsabilidades correspondientes, lo que abre la puerta a sancionar a los jueces y fiscales que encausaron el procés.

A raíz del acuerdo PSOE-Junts, los fiscales del procés --Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno-- enviaron una carta a García Ortiz pidiéndole "amparo institucional". Entonces, se limitó a contestarles que "siempre" defendería la "autonomía" de éstos y otros fiscales, una respuesta considerada tibia por muchos fiscales. En ese contexto, el jefe del Ministerio Público subió el tono y aseguró que "siempre" actuaría "en defensa de la carrera".

La ley de amnistía

Por otra parte, según informa FGE, aunque no figuraba en el orden del día, algunos vocales han planteado en ruegos y preguntas el posible pronunciamiento del Consejo Fiscal sobre la proposición de la ley de la amnistía, pero García Ortiz se ha negado argumentando que "excedería las competencias" legales del órgano.

Además, ha manifestado que "supondría interferir en las facultades tanto de un poder del Estado, como es el Poder Legislativo, como en las competencias que corresponden a otros órganos del Ministerio Fiscal, que más adelante deberán intervenir en la eventual aplicación de la norma".

De la misma forma, ha rechazado manifestarse sobre las acusaciones lanzadas por Junts contra magistrados del Supremo y del Constitucional, tal y como le pedía también en ruegos y preguntas un vocal, recordando que los señalamientos a jueces son competencia del CGPJ.

A ello ha sumado que los diputados y senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, según el artículo 71.1 de la Constitución.